El Gobierno Central ha decidido poner el pie en el acelerador. La construcción del nuevo penal para La Libertad, una obra largamente esperada y considerada clave para golpear a la criminalidad organizada, comenzará a tomar forma en Quiruvilca, distrito de la provincia de Santiago de Chuco ubicado a casi 4,100 metros sobre el nivel del mar. El anuncio fue realizado por el ministro de Defensa y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, durante una reunión oficial en Trujillo con la gobernadora regional, Joana Cabrera Pimentel.
El ministro aseguró que el Ejecutivo tiene el “firme compromiso” de avanzar sin postergaciones en el proyecto, considerado prioritario debido al colapso del actual establecimiento penitenciario de varones de El Milagro, un centro de reclusión que no solo alberga más de 5,500 internos cuando su capacidad real es de 1,700, sino que además se ha convertido en un epicentro de operaciones criminales que golpean a toda la región. Desde sus pabellones, bandas delictivas coordinan extorsiones, cobros de cupos y hasta asesinatos por encargo. Trujillo, además, carga con la presión de mantener también un penal de mujeres, igualmente ubicado en El Milagro y operando al límite de su capacidad.
Martínez explicó que el terreno ya fue entregado por el Gobierno Regional en julio de este año. Se encuentra en la zona de San José de Porcón, en las afueras de Quiruvilca, y está destinado para un penal moderno que albergará más de mil unidades de internamiento, con diseño y tecnología para impedir el uso de celulares, la comunicación clandestina y cualquier maniobra de los internos ligada al crimen organizado.
La decisión de trasladar la cárcel principal de La Libertad a una zona altoandina no es casual. Se busca disminuir la influencia territorial de las bandas que actualmente operan desde El Milagro y, al mismo tiempo, asegurar un control más eficiente del ingreso y movimiento de personas, mercancías y señales de comunicación. El Gobierno considera que el aislamiento geográfico podría convertirse en una herramienta efectiva frente a las redes delictivas.
Durante la reunión, tanto el ministro como la gobernadora coincidieron en que la urgencia de este proyecto no solo responde a la situación del penal de varones, sino también al deterioro del sistema penitenciario en toda la región. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) requiere refuerzo inmediato, así como el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej). En esta línea, Martínez adelantó que se implementará un sistema de seguridad electrónica tanto en El Milagro como en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Trujillo, conocido como La Floresta, donde la sobrepoblación es alarmante: tiene capacidad para 106 internos, pero actualmente alberga a más de 219, incluso jóvenes que ya cumplieron la mayoría de edad.
El nuevo establecimiento penitenciario en Quiruvilca representa, en palabras del Gobierno, un “golpe estructural” a la inseguridad que azota a La Libertad. Su viabilidad técnica ya está en proceso de revisión y las gestiones avanzan con carácter prioritario. Mientras tanto, miles de liberteños siguen conviviendo con los efectos de un penal desbordado, peligroso y convertido en una extensión del crimen organizado que opera desde adentro hacia afuera.
La pregunta de fondo es si la región por fin contará con una infraestructura capaz de cortar los vínculos de poder que sostienen a estas organizaciones. El proyecto del nuevo penal promete ser ese punto de quiebre, siempre que se ejecute con transparencia, celeridad y la capacidad tecnológica que la crisis penitenciaria exige.
