El Ejecutivo oficializó una nueva prórroga del estado de emergencia en las provincias de Trujillo y Virú, en la región La Libertad, una medida que se extenderá por 60 días y que responde a la persistente ola criminal que mantiene a ambas jurisdicciones entre las más violentas del país. La decisión, anunciada previamente por el presidente José Jeri durante su visita a Trujillo, se formalizó a través de un decreto que vuelve a restringir derechos constitucionales y refuerza la acción coercitiva de la Policía Nacional con apoyo de las Fuerzas Armadas.
La medida vuelve a limitar libertades fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal. Esto permite que la PNP continúe con control total del orden interno y pueda ejecutar operativos de mayor intensidad sin las restricciones habituales. Con la participación de las Fuerzas Armadas, las intervenciones incluirán patrullajes simultáneos en zonas críticas, control de identidad en vía pública, intervención de inmuebles asociados a actividades delictivas y el fortalecimiento del control penitenciario, especialmente en los penales donde las comunicaciones ilícitas han sido detectadas en reiteradas ocasiones.
El decreto contempla acciones adicionales como la restricción del tránsito de motocicletas lineales con dos adultos, una modalidad utilizada con frecuencia para atentados, robos y ataques armados. También se ejecutarán operativos contra pirotécnicos ilegales, armas de fuego, microcomercialización de drogas y redes criminales que operan desde penales, donde se ordenará el apagón eléctrico en algunas celdas para impedir el uso clandestino de celulares.
Pese a casi dos años consecutivos en estado de emergencia, la situación no ha mejorado. Por el contrario, en lo que va del año, los crímenes violentos en Trujillo y Virú continúan en niveles alarmantes. Extorsiones, sicariato, cobro de cupos y ataques con explosivos siguen siendo parte del día a día en ambas provincias, especialmente en sectores donde operan bandas organizadas asociadas al tráfico de terrenos, minería ilegal, trata de personas y lavado de activos.
El gobierno insiste en que esta prórroga permitirá reforzar las operaciones y mejorar los resultados, pero la ciudadanía y diversos especialistas consideran que la declaratoria de emergencia se ha convertido en una medida insuficiente, repetitiva y sin estrategia integral. Aun así, las autoridades sostienen que es necesaria para sostener la presencia policial en las calles y evitar un repunte aún mayor de la criminalidad.
Mientras tanto, los habitantes de Trujillo y Virú continúan viviendo entre el temor y la incertidumbre, esperando que esta nueva ampliación no sea solo un anuncio más, sino un punto de inflexión frente al poder creciente de las organizaciones criminales que operan en La Libertad.
