La minería ilegal e informal le costará a La Libertad una pérdida estimada de S/ 215 millones solo en 2025, según proyecciones del Ministerio de Energía y Minas (Minem). El dinero, que debió ingresar como parte del canon minero, habría financiado infraestructura educativa, hospitales y proyectos vitales para una región golpeada por la inseguridad y la falta de oportunidades.
El problema no es exclusivo de esta región. El Minem estima que Puno dejará de percibir S/ 460 millones, Arequipa S/ 450 millones, Madre de Dios S/ 240 millones y Ayacucho S/ 160 millones. A nivel nacional, la evasión tributaria por minería ilegal alcanzará S/ 5,200 millones; la mitad de esta suma —S/ 2,600 millones— debería ir a los gobiernos regionales y locales.
“Todas estas regiones se ven afectadas en su recaudación tributaria, lo que impide el desarrollo, destruye el medio ambiente y genera inseguridad ciudadana”, advirtió el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero.
Obras que no se construirán
Para dimensionar el impacto, los S/ 215 millones que pierde La Libertad permitirían construir tres colegios emblemáticos o 30 escuelas rurales, un hospital de nivel II-2 y aún quedaría presupuesto para mejorar carreteras, servicios básicos y reforzar la seguridad ciudadana.
En un territorio donde el crimen organizado crece a la par de la minería ilegal, la ausencia de estos recursos agudiza la desigualdad y frena la inversión pública.
La afectación no es solo fiscal. Detrás del oro extraído sin control, cientos de trabajadores laboran sin derechos laborales básicos, sin seguro social, sin vacaciones, sin CTS y sin aportes para su jubilación.
Según el Minem, no hay condiciones de seguridad y los accidentes, muchos mortales, se manejan con “acuerdos extralegales” para evitar responsabilidades penales.
“Vamos a revisar las normas sobre los derechos laborales en la pequeña y artesanal minería, para que los trabajadores no sigan siendo explotados ni manipulados”, anunció Montero.
El fenómeno combina daño ambiental, evasión fiscal y violencia social. La extracción ilegal degrada ríos, bosques y suelos; alimenta redes criminales que operan con armas y explotan comunidades; y priva a los gobiernos de recursos esenciales para cerrar brechas.
Mientras toneladas de minerales salen sin control ni impuestos, el futuro de miles de peruanos se evapora.
