La ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2026 no fue solo una decisión administrativa. Se convirtió en una radiografía política que dejó al descubierto qué partidos y liderazgos están dispuestos a respaldar la continuidad de la minería informal, una actividad que, en territorios como Pataz, en la región La Libertad, se encuentra estrechamente vinculada a la violencia, el crimen organizado y la devastación ambiental.
La votación que permitió extender el Reinfo evidenció un respaldo multipartidario a un mecanismo que nació como transitorio, pero que hoy funciona como un salvoconducto para miles de operadores que no han avanzado en su proceso de formalización. Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Juntos por el Perú, Perú Libre y sectores de Somos Perú y Renovación Popular optaron por sostener un sistema que especialistas y organismos técnicos consideran agotado y funcional a la informalidad minera.
En la práctica, el Reinfo ha dejado de ser una herramienta de transición hacia la legalidad. En zonas como Pataz, donde el control territorial de la minería se disputa con armas, asesinatos y extorsiones, el registro ha servido para prolongar operaciones sin instrumentos de gestión ambiental, sin autorizaciones de uso de agua y sin compromisos reales de remediación. Aun así, el Congreso decidió ampliar su vigencia.
El debate no se limita al plano legislativo. Varios de los partidos que respaldaron la prórroga llevan entre sus filas a candidatos con vínculos directos o cercanía política con el sector minero informal. En Renovación Popular, Javier Bernal Salas, dirigente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), encabeza la lista congresal por Puno. Podemos Perú postula al Senado a Guido Bellido, uno de los principales promotores de la ampliación del Reinfo y frecuente interlocutor de gremios mineros. Fuerza Popular impulsa como candidato a diputado por Cusco a Joseph Aguirre, vinculado a la actividad minera. En Juntos por el Perú, el candidato presidencial Roberto Sánchez ha defendido abiertamente al sector e incluso propuso extender el Reinfo hasta 2027. Somos Perú, por su parte, promueve la candidatura de Guillermo Aliaga, quien reconoce que militantes de su partido están inscritos en el registro.
En Alianza para el Progreso, la congresista Lady Camones —quien recibió aportes de mineros inscritos en el Reinfo durante la campaña del 2021— se ha consolidado como una de las principales defensoras de la prórroga. Desde Acción Popular, aunque con matices, el congresista Edwin Martínez sostiene que el Reinfo es necesario para proteger a los pequeños productores, mientras que Luis Aragón critica el proceso de formalización por considerar que criminaliza sin distinción. Estas posiciones, sin embargo, contrastan con la realidad que se vive en territorios donde la minería informal se ha fusionado con economías ilegales.
Frente a este bloque de respaldo político, algunas voces han empezado a marcar distancia. En Avanza País, Karol Paredes sostiene que las constantes prórrogas del Reinfo solo perpetúan un sistema que alimenta la informalidad y el crimen. La congresista Diana González cuestiona que el Estado continúe destinando recursos a quienes no muestran voluntad de formalizarse. Desde Libertad Popular, Rafael Belaunde advierte que el Reinfo se convirtió en un motor de criminalidad y plantea cerrarlo definitivamente para dar paso a una legislación clara bajo la Ley MAPE.
El Partido Aprista Peruano, a través de Enrique Valderrama, sostiene que el registro dejó de ser una solución y propone reiniciar el proceso con incentivos reales. Paul Jaimes, candidato presidencial de Progresemos, rechaza cualquier complicidad con la minería ilegal que destruye la Amazonía. Roberto Chiabra, de la Alianza Electoral Unidad Nacional, va más allá y acusa a los defensores del Reinfo de recibir financiamiento de economías ilegales, mientras que Carlos Espá, de SíCreo, plantea diferenciar con claridad la minería ilegal, criminal, informal y artesanal, y atacar de manera directa las redes que operan en zonas críticas como Pataz, La Pampa y La Rinconada.
La ampliación del Reinfo no solo reveló qué partidos respaldan la informalidad minera, sino también cómo este mecanismo se ha convertido en un terreno fértil para intereses políticos y candidaturas vinculadas a economías ilegales. Mientras algunos insisten en prórrogas que prolongan el problema, otros advierten que el registro dejó de cumplir su función original y que seguir ampliándolo profundiza la crisis.
En provincias como Pataz, donde la minería ilegal ha desbordado al Estado y ha convertido el territorio en un escenario de violencia permanente, la decisión del Congreso marca un punto de inflexión. De cara a las elecciones de 2026, la pregunta es inevitable: ¿el próximo Parlamento legislará para recuperar el control del territorio y proteger a las comunidades, o seguirá blindando un sistema que ha demostrado su fracaso?
