REDACCIÓN: YURI CASTRO
En la mañana del martes 27 de mayo de 2025, las cámaras de seguridad de una vivienda en Chepén captaron la imagen de Julio Salvador Correa Chávez, alcalde de esa provincia, saliendo de su casa con una maleta en la mano. Vestía un polo rojo deportivo y se dirigía, acompañado por su esposa, sus hijos y un trabajador municipal, hacia un vehículo oficial de la comuna. El destino: el aeropuerto de Trujillo. El pretexto: un viaje a Lima para “gestionar ante distintas instituciones gubernamentales”.
Pero las cámaras no mienten, y los registros tampoco. Lo que prometía ser una misión oficial terminó convirtiéndose en una presunta escapada familiar encubierta, y hoy la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad abrió una investigación preliminar por peculado de uso, apropiación y falsedad ideológica contra Correa Chávez y un funcionario municipal.
El expediente 336-2025, al que este medio tuvo acceso, ofrece detalles de un caso que desnuda el presunto uso irregular de bienes del Estado y la facilidad con la que algunos políticos intentan disfrazar indulgencias personales de gestiones oficiales.
El detonante: una denuncia ciudadana
La denuncia fue presentada por Julio César Marín Grau, quien acusó a Correa Chávez y al trabajador municipal Santos Ricardo Chicchón Malca —chofer del vehículo municipal— de usar recursos públicos para fines personales.
Según el documento, entre el 27 y el 31 de mayo, el alcalde viajó a la ciudad del Cusco, presuntamente para celebrar el cumpleaños de su conviviente, Luz Azucena Bruno Carlos, usando la camioneta de placa BOO-243, propiedad de la municipalidad, sin justificación institucional. La resolución de alcaldía que lo autorizaba mencionaba que viajaría a Lima durante tres días (28–30 de mayo) para “gestionar ante distintas instituciones gubernamentales”.
Sin embargo, la evidencia audiovisual y los testigos contradicen esa versión: ni las instituciones visitadas ni los objetivos declarados aparecen documentados. La fiscalía califica esto como un posible “craso intento de justificar un viaje privado con recursos públicos”.
Las imágenes y la denuncia señalan que Correa Chávez y su familia abordaron la camioneta oficial el 27 de mayo, partiendo hacia el aeropuerto de Trujillo. Al parecer, los días 28, 29 y 30 no habría laborado ni realizado gestiones en Lima ni en Cusco, aunque percibió su remuneración completa.
El regreso a Chepén se produjo el 1 de junio, nuevamente utilizando la camioneta oficial y con el mismo grupo familiar. La fiscalía también ha requerido verificar si el vehículo utilizó peajes o fue registrado en el aeropuerto durante las fechas mencionadas, así como solicitar la bitácora de la unidad y el GPS para determinar los desplazamientos exactos.
Los delitos investigados
La investigación, que tiene un plazo inicial de 120 días hábiles, está centrada en tres presuntos delitos contra la administración pública: Peculado de uso, por utilizar indebidamente un bien del Estado, peculado por apropiación, por beneficiarse económicamente del uso de ese bien, falsedad ideológica, por emitir documentos oficiales con información falsa para encubrir el verdadero motivo del viaje.
Además de Correa Chávez, la investigación alcanza al conductor municipal Santos Ricardo Chicchón Malca y eventualmente a otras personas que resulten responsables.
Lo que viene
El Ministerio Público ya programó las primeras diligencias. El próximo 7 de agosto de 2025 deberán declarar Chicchón Malca, el teniente alcalde Juan Jesús Salvador de la Cruz Briones, y la propia conviviente del alcalde, Luz Azucena Bruno Carlos, en la sede de la fiscalía, bajo apercibimiento de ser conducidos de grado o fuerza si no asisten.
Ese mismo día, a las 12:00 horas, el alcalde Correa Chávez tendrá que rendir su declaración indagatoria acompañado obligatoriamente de su abogado defensor.
Además, se han cursado oficios a la municipalidad, a la concesionaria vial y al aeropuerto para remitir toda la documentación y registros que confirmen —o desmientan— los desplazamientos del vehículo oficial.
Un patrón que preocupa
Este caso pone nuevamente en evidencia cómo el mal uso de bienes estatales sigue siendo una práctica común en las administraciones locales. Aunque las leyes —como el Código Penal en sus artículos 387 y siguientes— establecen sanciones claras, el control ciudadano y fiscal es la única barrera real ante la impunidad.
El desenlace de esta historia no solo determinará si hubo delito, sino también si las instituciones son capaces de sancionar a quienes las utilizan para fines personales.
