La congresista liberteña Magaly Ruiz, miembro de Alianza para el Progreso (APP), sigue en el ojo de la tormenta por una serie de acusaciones que van desde recorte de sueldos a trabajadores, hasta tráfico de influencias y colusión agravada. Sin embargo, a pesar de la gravedad de los señalamientos en su contra y de las pruebas que han salido a la luz, el Congreso la sigue blindando, impidiendo que las denuncias en su contra avancen.
El Ministerio Público, por su parte, ha iniciado diligencias preliminares y ha presentado dos denuncias constitucionales, pero ambas siguen sin trámite en el Congreso, donde el blindaje político parece más fuerte que la búsqueda de justicia.
El programa Punto Final reveló el testimonio de un aspirante a colaborador eficaz, quien explicó con detalles cómo la congresista Ruiz descontaba S/400 mensuales a sus trabajadores, sumando hasta S/1,600 al mes para una supuesta “caja chica” que cubría combustible para sus traslados y otros gastos personales.
Este testimonio fue corroborado por una extrabajadora del despacho de Ruiz, quien en 2023 declaró que debía entregar S/1,500 mensuales a un asesor principal de la legisladora, bajo el argumento de que esta se encontraba “endeudada hasta el cuello”.
La denuncia llegó a la Comisión de Ética Parlamentaria, donde inicialmente se propuso una suspensión de 120 días, pero finalmente el caso se diluyó y solo se le impuso una amonestación pública y una multa de 30 días de remuneración.
Este escándalo escaló hasta el Ministerio Público, que en abril de 2024 presentó una denuncia constitucional contra Ruiz por concusión y colusión agravada. Sin embargo, la denuncia sigue congelada en el Congreso, donde la mayoría parlamentaria parece decidida a protegerla.
Otro de los escándalos que envuelve a la congresista Ruiz es su presunto pacto con el fiscal de lavado de activos, Richard Rojas, para archivar la investigación en su contra.
De acuerdo con información revelada por El Comercio, Ruiz se reunió con el fiscal Rojas y su hermano Alex Rojas el 10 de marzo de 2023 en su propia casa. Durante la reunión, el fiscal le ofreció “buscar quién es el fiscal que asumirá el caso” y establecer una estrategia para frenar la investigación.
El colaborador eficaz declaró que Rojas habría pedido un pago en dólares y la contratación de sus dos hermanos en el Congreso a cambio de archivar la denuncia. Ruiz se negó a aceptar esas condiciones, pero propuso otras opciones que no fueron detalladas.
Este caso motivó una segunda denuncia constitucional por tráfico de influencias y negociación incompatible, presentada en julio de 2024. Sin embargo, al igual que la primera, esta denuncia sigue sin ser procesada en el Parlamento.
Otro punto crítico en la denuncia contra Magaly Ruiz es la contratación irregular de Camila Melissa Mantilla Heredia, pareja sentimental de su hijo Jeffrey Marrufo. Mantilla fue contratada en el despacho de Ruiz entre febrero de 2022 y marzo de 2023, presentando un currículum vitae con información falsa sobre su experiencia laboral.
A pesar de que este hecho configura colusión agravada, el Congreso no ha mostrado interés en sancionar a la legisladora.
