El caso de Maricsa Alfaro Cerna volvió a generar conmoción en Trujillo y abrió un intenso debate sobre justicia, seguridad vial y responsabilidad penal en accidentes de tránsito ocurridos bajo presunto estado de ebriedad.
La empresaria afronta un proceso judicial por la muerte del vigilante Juan Martínez Torres, de 54 años, quien falleció días después de haber sido atropellado en la urbanización Las Palmas del Golf, en el distrito de Víctor Larco.
Ahora, la expectativa pública gira en torno a una sola pregunta: ¿Maricsa Alfaro irá a prisión?
Fiscalía solicita más de cinco años de cárcel
Durante la audiencia desarrollada en la Unidad de Flagrancia, la Fiscalía solicitó una condena de 5 años y 4 meses de prisión efectiva contra Maricsa Alfaro Cerna.
Además, pidió: inhabilitación definitiva para conducir, y el pago de S/ 329,280 por concepto de reparación civil.
El Ministerio Público recalificó el caso de lesiones culposas a homicidio culposo luego de que la víctima falleciera tras permanecer internada cinco días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Belén de Trujillo.
El fiscal Joan Valladares sustentó el pedido señalando que la acusada habría conducido en estado de ebriedad y con la licencia vencida al momento del accidente.
¿Qué implica la terminación anticipada?
Uno de los puntos más polémicos del caso es que la defensa de Maricsa Alfaro decidió acogerse a la terminación anticipada.
Este mecanismo legal permite reducir la pena cuando el acusado acepta responsabilidad y busca evitar un juicio prolongado.
Precisamente esta situación generó indignación entre los familiares de Juan Martínez, quienes consideran que la condena podría terminar siendo suspendida o menor a la esperada.
“Queremos justicia y cárcel efectiva”, reclamaron los allegados de la víctima durante las protestas realizadas en exteriores del módulo judicial ubicado en la urbanización Los Granados.
Familiares protestaron en audiencia
Con pancartas y fotografías de la víctima, familiares y amigos del vigilante exigieron que el Poder Judicial imponga prisión efectiva a la empresaria.
La audiencia también estuvo marcada por momentos de tensión.
Testigos reportaron discusiones, empujones e increpaciones contra la pareja de la acusada cuando intentó ingresar a la sede judicial.
Posteriormente, el hombre abandonó la zona en medio de reclamos de los presentes.
Reparación civil sigue en discusión
Otro de los temas debatidos durante la audiencia fue el monto de la reparación civil que deberá asumir la acusada.
Según se conoció: una de las partes solicitó aproximadamente S/ 700 mil,, mientras otra pidió cerca de S/ 600 mil,
argumentando las responsabilidades familiares y económicas que dejó el fallecido.
El juez quedó encargado de evaluar tanto la condena penal como los acuerdos civiles.
Sentencia fue reprogramada
El Tercer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Transitoria de Flagrancia decidió reprogramar la lectura de sentencia para el martes 2 de junio a las 11:30 de la mañana.
Hasta entonces, familiares de la víctima continuarán esperando la decisión final del magistrado, mientras el caso sigue generando debate ciudadano sobre accidentes de tránsito, consumo de alcohol al volante y penas efectivas en hechos con consecuencias fatales.
Debate sobre inseguridad vial en Trujillo
El caso también volvió a poner sobre la mesa la preocupación por la inseguridad vial en Trujillo y los constantes accidentes relacionados con conductores en presunto estado de ebriedad.
Distritos como Víctor Larco registran alto flujo vehicular y reiterados cuestionamientos ciudadanos sobre controles de tránsito y fiscalización.
La resolución judicial que se emita en este caso podría convertirse en un precedente relevante frente a futuros procesos por homicidio culposo derivados de accidentes de tránsito.
