El debate en torno a la transparencia del Procompite La Libertad ha dado un nuevo giro. Este lunes, el gerente general del Gobierno Regional de La Libertad (GORE), Martín Namay Valderrama, salió a aclarar las acusaciones emitidas por un programa periodístico el último fin de semana. Según sus declaraciones, los recursos asignados a los concursos del Procompite 2023 y 2024, que suman casi 60 millones de soles, no se han gastado y permanecen en las arcas regionales.
“Los recursos del Procompite siguen en el GORE, no se ha gastado nada. Lo que se ha dicho en el reportaje es inexacto y busca desprestigiar al gobernador César Acuña”, expresó Namay ante los medios.
El funcionario cuestionó que el reportaje televisivo no le brindara espacio para un descargo en vivo, lo que —a su juicio— demuestra parcialización informativa. “Me buscaron solo para grabar o llamar, pero no para debatir en vivo. Esto afecta la transparencia del proceso informativo”, afirmó.
Procompite bajo la lupa
El Procompite es un mecanismo que busca cofinanciar propuestas productivas para fortalecer la competitividad de cadenas productivas en las regiones. En La Libertad, este programa maneja montos millonarios y es clave para impulsar a asociaciones empresariales y pequeños productores.
Las denuncias del programa dominical apuntaban a presuntas irregularidades en los concursos de 2023 y 2024, señalando posibles actos de corrupción y uso indebido de los recursos. Sin embargo, Namay sostiene que, desde noviembre de 2024, se tomaron medidas correctivas.
Cambios en la gerencia y acciones inmediatas
El gerente regional recordó que, tras conocerse las denuncias, el gobernador César Acuña retiró la confianza al entonces gerente de Producción, Juan José Fort, y separó al personal contratado para estos procesos. Además, solicitó la intervención de la Contraloría General de la República para auditar y transparentar la ejecución de Procompite.
“La Contraloría detectó observaciones administrativas y, con la nueva gerente de Producción, Julia Soto, se emitió una resolución que retrotrae ambos procesos para que las asociaciones puedan subsanar las observaciones”, explicó Namay.
Plazos y transparencia
Según el funcionario, el proceso 2023 tendrá resultados definitivos en 30 días, mientras que el del 2024 se definirá en 60 días. Todos los participantes han sido notificados y hasta el propio gobernador participó en reuniones para explicar las correcciones exigidas.
En paralelo, la Secretaría Técnica del GORE mantiene abiertos procesos disciplinarios para determinar sanciones internas, mientras que el Ministerio Público continúa con las investigaciones para identificar posibles responsabilidades penales.
“Serán las instancias competentes las que determinen las sanciones y la Fiscalía la que investigue a fondo cualquier irregularidad”, concluyó.
Con esta respuesta, Namay busca no solo frenar el impacto mediático de las acusaciones, sino también dejar en claro que el Procompite sigue bajo control, en medio de un escenario político y mediático cargado de tensiones.
