En La Libertad, 1,100 locales educativos presentan condiciones de infraestructura tan deficientes que requieren la sustitución total de sus edificaciones. La cifra representa el 41.1 % de los 2,674 establecimientos que declararon información sobre su estado y evidencia la magnitud de uno de los problemas más graves que enfrenta el sistema educativo regional: la seguridad de los espacios donde miles de escolares desarrollan sus actividades académicas.
Los resultados proceden del Diagnóstico Regional de Infraestructura Educativa (DRIE), cuya información fue examinada por la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES). Según los criterios del diagnóstico, los establecimientos clasificados para sustitución total presentan un 70 % o más de su área techada en condición de muy alto riesgo de colapso, por lo que requieren la demolición y posterior reconstrucción de sus edificaciones.
El panorama se agrava con otros 440 locales educativos que necesitan una sustitución parcial de infraestructura y cientos de establecimientos que presentan carencias en servicios básicos como agua y alcantarillado.
La dimensión del problema plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para garantizar condiciones seguras de aprendizaje y sobre la velocidad con la que se están ejecutando las inversiones destinadas a cerrar las brechas de infraestructura escolar.
El 41 % de los colegios evaluados necesita reconstrucción total
De los 2,674 locales educativos que declararon información al diagnóstico, 1,100 fueron clasificados como establecimientos que requieren sustitución total. Esta categoría corresponde a edificaciones cuyo deterioro o vulnerabilidad estructural alcanza una proporción considerable de su superficie techada.
En términos prácticos, significa que estos locales necesitan una intervención integral que contempla demoler y reconstruir las estructuras comprometidas. Otros 440 establecimientos, equivalentes al 16.5 % del total evaluado, requieren una sustitución parcial. En estos casos, las intervenciones deben concentrarse en las edificaciones que se encuentran en mal estado dentro del local escolar.
En conjunto, 1,540 locales educativos, equivalentes al 57.6 % de los establecimientos declarados, requieren algún grado de sustitución de infraestructura. La cifra demuestra que el problema no se limita a un grupo reducido de colegios, sino que afecta a una parte mayoritaria de los locales incluidos en el diagnóstico.
La gravedad de los resultados contrasta con el número de intervenciones reportadas por las autoridades regionales. El gerente regional de Educación de La Libertad, Rufino Rodríguez, confirmó las cifras sobre los establecimientos que requieren sustitución total y señaló que, durante 2026, se ha intervenido en 20 de los 1,100 locales educativos identificados.
Según explicó, las intervenciones se realizaron con recursos del Gobierno Regional de La Libertad y de algunas municipalidades. Si se compara esa cantidad con el universo de establecimientos que necesitan sustitución total, las intervenciones reportadas equivalen aproximadamente al 1.8 %.
No obstante, la información disponible no precisa el alcance de los trabajos ni permite determinar si las 20 intervenciones corresponden a reconstrucciones completas, obras parciales o proyectos en ejecución.
La diferencia entre las necesidades identificadas y las intervenciones comunicadas refleja la magnitud del desafío que enfrentan las entidades públicas para atender la infraestructura educativa regional.
Rufino Rodríguez señaló que una de las principales dificultades para intervenir los locales educativos es la insuficiencia de recursos económicos. El funcionario también mencionó obstáculos relacionados con la situación legal de los terrenos escolares, que pueden impedir o retrasar la ejecución de proyectos de inversión.
En el material proporcionado aparece una declaración sobre terrenos «saneados», pero el sentido de esa frase requiere confirmación, pues los problemas de saneamiento físico-legal suelen presentarse cuando los predios no cuentan con la documentación necesaria para desarrollar determinadas inversiones.
La falta de claridad sobre la titularidad o condición jurídica de un terreno puede convertirse en una barrera para formular, aprobar o ejecutar proyectos de reconstrucción. A ello se suman las necesidades de financiamiento, elaboración de expedientes técnicos, contratación de obras y supervisión de los trabajos.
Las deficiencias de infraestructura no son el único problema identificado en el diagnóstico. Según la información revisada por REDES, 115 locales educativos de La Libertad no cuentan con servicio de agua, una carencia que afecta las condiciones sanitarias necesarias para el funcionamiento de los establecimientos.
El acceso al agua es indispensable para la higiene personal, el funcionamiento de los servicios higiénicos, la limpieza de los ambientes y la preparación de alimentos cuando existen servicios de alimentación escolar.
Su ausencia obliga a las comunidades educativas a buscar mecanismos alternativos de abastecimiento, cuya suficiencia y seguridad deben ser evaluadas. En cuanto al alcantarillado, el reporte identifica 321 locales educativos que no cuentan con acceso al servicio o que no proporcionaron información.
Frente a los resultados, Giacomo Puccio, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, sostuvo que las políticas de mejora educativa deben incorporar como prioridad las condiciones físicas en las que estudian los escolares. «Las autoridades deben promover inversiones orientadas a la educación que aporten a la reducción de brechas», señaló.
El especialista enfatizó que el debate sobre la calidad educativa no puede limitarse a los contenidos pedagógicos, la capacitación docente o los resultados de aprendizaje.
También debe considerar las condiciones materiales que permiten desarrollar las clases de manera segura. «El servicio educativo debe garantizar todas las condiciones para que los estudiantes puedan aprender de una manera efectiva, limpia y segura», manifestó Puccio.
