La educación en la región La Libertad enfrenta una grave amenaza: más de 40 personas estarían ejerciendo la docencia con títulos falsos, según denuncian los consejeros regionales Robert de la Cruz y Frank Solórzano. Ambos pidieron públicamente al Ministerio Público que acelere las investigaciones contra quienes habrían accedido a certificados fraudulentos y actualmente trabajan como maestros en diversas escuelas.
La preocupación creció luego de conocerse la reciente sentencia de tres años de prisión suspendida contra el consejero por Pataz, Luis Rodríguez, por obtener un certificado de profesor de educación primaria sin haber cursado los estudios requeridos. Según el fallo judicial, Rodríguez nunca pasó por las aulas de un instituto pedagógico, pero sí logró acreditarse como maestro y obtener un puesto.
“Siempre hemos exigido que, con la misma celeridad con que se actuó contra el consejero regional, se proceda con los otros casos. Nosotros detectamos en su momento a 48 personas con títulos presuntamente falsos y hasta ahora no tenemos ninguna otra sentencia”, reclamó Robert de la Cruz.
Por su parte, el consejero Frank Solórzano recordó que en su gestión denunció a tres institutos en Trujillo que habrían emitido títulos a personas que nunca asistieron a clases. “Hay muchos falsos docentes que ni siquiera pisaron un aula y que hoy están trabajando. Algunos incluso ya estarían nombrados. Esto perjudica directamente a los escolares, especialmente de la sierra, donde muchos de estos falsos profesores han sido enviados”, indicó.
Ambos coincidieron en que la situación es crítica, ya que afecta de forma directa la calidad educativa en la región. “Prácticamente se les está estafando a los niños y adolescentes con una educación que no corresponde. Cada vez La Libertad está peor en educación, y parte de la causa son estos falsos docentes que nunca estudiaron”, agregó Solórzano.
Actualmente, el caso de Luis Rodríguez está en apelación. De confirmarse su sentencia en segunda instancia, podría ser vacado de su cargo como consejero regional. Sin embargo, los consejeros temen que el resto de los investigados permanezca en las aulas impunemente.
Las autoridades educativas y judiciales todavía no han emitido una posición oficial sobre las denuncias recientes ni sobre los plazos para resolver los procesos en curso. Mientras tanto, padres y estudiantes esperan respuestas claras.
