Con vestimentas blancas como símbolo de paz, más de 5 mil pobladores del distrito de Pataz, en la sierra de La Libertad, salieron nuevamente a las calles. No reclaman subsidios ni promesas futuras. Exigen algo más básico: que se les permita trabajar.
Desde hace nueve días, las actividades mineras en la zona están paralizadas debido a la prórroga del estado de emergencia decretado por el Poder Ejecutivo, tras una serie de hechos violentos atribuidos a redes de minería ilegal. Sin embargo, la población denuncia que esta medida ha terminado castigando también a quienes se dedican a la minería artesanal y formal, dejándolos sin ingresos y sin sustento.
En Pataz, el trabajo en las minas no es solo una fuente de empleo. Es el corazón económico de la zona. Desde los comerciantes que venden alimentos en los campamentos hasta los transportistas que llevan el mineral, pasando por las familias que viven del jornal de un minero, todos dependen directa o indirectamente de esta actividad.
“La población no está abastecida con artículos de primera necesidad, porque el puente de Chagual está en mantenimiento y por la vía alterna no ingresan carros grandes con víveres”, advirtió José Torrealba, presidente de la Asociación de Mineros Artesanales (AMA) de Pataz.
Los testimonios se repiten: familias sin ingresos, pequeños negocios al borde del cierre, niños que ya no tienen qué llevar al colegio. Torrealba insiste en que la situación se ha vuelto insostenible: “Pedimos a las autoridades regionales y al gobierno central levantar la suspensión de las actividades mineras de forma inmediata. Hay personas que realizan esta actividad solo por sobrevivencia”.
En medio del hartazgo, los pobladores han optado por la protesta pacífica. Lejos de la imagen que se suele asociar a las zonas mineras en conflicto, en Pataz las marchas se han convertido en jornadas de unión comunitaria, donde miles de ciudadanos se visten de blanco y caminan en silencio o con carteles que apelan a la justicia, el trabajo y la paz.
“No somos ilegales”, es una de las frases más repetidas. Quienes marchan afirman que muchos de ellos cuentan con permisos en trámite, otros están organizados en asociaciones como la AMA, y otros más trabajan de forma artesanal bajo la supervisión de las autoridades locales. Pero hoy, todos están paralizados por igual.
La cuarta gran movilización está prevista para este miércoles 21 de mayo. La convocatoria empieza a las 9 de la mañana en el anexo de Suyubamba y, de manera simultánea, se replicará en la ciudad de Trujillo, donde habrá una marcha de solidaridad con punto de encuentro en la Plazuela El Recreo a las 3 de la tarde.
El caso de Pataz pone nuevamente sobre la mesa la compleja realidad de la minería en el Perú: una actividad que combina legalidad, informalidad y criminalidad en un mismo territorio, pero cuyas respuestas del Estado no siempre logran distinguir esas fronteras.
En su esfuerzo por erradicar la minería ilegal, el gobierno ha decretado estados de emergencia que, según los pobladores, terminan criminalizando a todos por igual. En el camino, se paraliza una economía local ya frágil, se debilita la confianza en el diálogo y se alimenta la desafección hacia el Estado.
Por ahora, la población de Pataz insiste en una solución inmediata. Piden que se restablezca el derecho al trabajo, se garantice el abastecimiento de alimentos y se establezca una mesa de diálogo real que distinga entre minería formal, artesanal e ilegal. Mientras tanto, siguen marchando.
