La minería ilegal continúa expandiéndose en el Perú y ahora amenaza directamente algunas de las áreas naturales protegidas más importantes del país. Reservas nacionales, parques naturales, glaciares, lagunas, ecosistemas amazónicos y hasta patrimonio arqueológico están siendo afectados por actividades extractivas ilegales que avanzan ante la débil respuesta del Estado.
Según reportes ambientales, investigaciones especializadas y monitoreos satelitales, al menos ocho áreas protegidas enfrentan procesos de destrucción, deforestación, contaminación y pérdida de biodiversidad provocados por mineros ilegales que operan dentro o cerca de zonas de amortiguamiento.
Tambopata: más de 500 hectáreas devastadas
Uno de los casos más graves ocurre en la Reserva Nacional de Tambopata, en Madre de Dios, donde cerca de mil mineros ilegales vienen ocupando sectores protegidos de la Amazonía peruana.
De acuerdo con un estudio de Conservación Amazónica (ACCA), solo entre 2025 y los primeros meses de 2026 desaparecieron más de 500 hectáreas de bosque amazónico dentro de la reserva. Las imágenes satelitales muestran maquinaria pesada, campamentos e infraestructura minera instalados incluso cerca de puestos de control estatales.
Especialistas advierten que la expansión minera ya compromete seriamente ecosistemas amazónicos considerados clave para la conservación ambiental y la lucha contra el cambio climático.
Bahuaja Sonene y el impacto del mercurio
La situación también es crítica en el Parque Nacional Bahuaja Sonene, entre Puno y Madre de Dios. Allí se reportó la deforestación de aproximadamente 500 hectáreas dentro y alrededor del área protegida.
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental identificó al menos 18 puntos de minería ilegal cercanos a la zona de amortiguamiento del parque. El uso de mercurio y químicos amenaza especies como peces amazónicos, taricayas y lobos de río.
Los especialistas alertan que la contaminación de ríos y suelos podría generar daños irreversibles en la biodiversidad de esta parte del país.
Minería ilegal avanza en Huascarán
En Áncash, las actividades ilegales afectan zonas cercanas al Parque Nacional Huascarán, especialmente en Quebrada Honda y Cajavilca.
Las operaciones contaminan cabeceras de cuenca y aceleran el retroceso glaciar en zonas altoandinas. Además, ponen en riesgo lagunas, bofedales y especies emblemáticas como zorros andinos, venados y pumas.
Según investigaciones periodísticas, entre 2016 y 2020 el Ministerio Público destruyó campamentos y maquinaria vinculada a 23 minas ilegales en esta zona. Sin embargo, las operaciones clandestinas continúan expandiéndose.
Nasca y San Fernando también están bajo amenaza
En Ica, la minería informal afecta la Reserva Nacional de San Fernando, hogar de especies vulnerables como el pingüino de Humboldt.
Además, la actividad minera avanza peligrosamente sobre áreas vinculadas a las Líneas de Nasca, destruyendo geoglifos y zonas arqueológicas que han sobrevivido durante más de dos mil años.
En sectores como Tulín, Quemazón y Los Paredones ya se registran perforaciones, detonaciones con dinamita y apertura de zanjas cerca de patrimonio cultural protegido.
Lago Titicaca y ecosistemas altoandinos en riesgo
Otra zona afectada es el entorno del lago Titicaca, donde la minería ilegal invade sectores de amortiguamiento ecológico y amenaza especies como la rana gigante y aves acuáticas andinas.
El avance de estas actividades también destruye extensas áreas de totorales y afecta directamente la calidad del agua y los ecosistemas altoandinos.
Congreso y normas bajo cuestionamiento
El abogado ambientalista César Ipenza sostuvo que varias normas impulsadas desde el Congreso estarían debilitando la lucha contra la minería ilegal.
Entre los factores que explican la expansión minera figuran:
- El alto precio internacional del oro.
- La reducción presupuestal para fiscalías ambientales.
- El debilitamiento institucional del Ministerio del Ambiente y el SERNANP.
- La falta de interdicciones permanentes.
Además, especialistas cuestionan el Proyecto de Ley 3377, que buscaría facilitar concesiones mineras y formalizar operaciones vinculadas al REINFO en Madre de Dios.
Según organizaciones ambientales, esta medida podría acelerar aún más la ocupación ilegal de zonas amazónicas y áreas naturales protegidas.
Un problema ambiental que también es social y criminal
La minería ilegal no solo destruye ecosistemas. También genera violencia, tráfico de armas, explotación laboral, contaminación de ríos y expansión del crimen organizado en distintas regiones del país.
En departamentos como La Libertad, Puno y Madre de Dios, las organizaciones criminales ligadas a esta actividad han incrementado su presencia y control territorial.
Especialistas advierten que, si el Estado no fortalece el control ambiental y las acciones de fiscalización, el Perú podría enfrentar una de las mayores crisis ambientales de las últimas décadas.
