La minería ilegal continúa expandiendo sus efectos más allá del ámbito ambiental y de seguridad. Ahora, también se consolida como uno de los principales detonantes de conflictos sociales en el país. Así lo advierte el más reciente Reporte de Conflictos Sociales N.° 266 de la Defensoría del Pueblo, que identifica seis conflictos activos relacionados con esta actividad extractiva al margen de la ley, uno de ellos en la provincia de Pataz, región La Libertad.
El informe revela la aparición de una nueva dinámica de conflictividad en la que participan mineros ilegales, asociaciones de pequeños productores, operadores de plantas de beneficio, propietarios de terrenos, comunidades campesinas y pueblos indígenas. A diferencia de los conflictos mineros tradicionales, en estos casos no existe un actor formal claramente identificado con quien el Estado pueda dialogar o exigir responsabilidades.
En La Libertad, la provincia de Pataz continúa siendo uno de los principales focos de preocupación. La Defensoría señala que persisten los conflictos derivados de los impactos sociales, ambientales y de seguridad ocasionados por la minería ilegal, una actividad que en los últimos años también ha estado vinculada al incremento de la violencia, la presencia de organizaciones criminales y ataques contra empresas mineras formales.
La situación no es exclusiva de esta región. En Ayacucho, agricultores y organizaciones sociales de Huanta exigen la paralización de actividades de pequeña minería en el sector Putka para proteger las cabeceras de cuenca y el sistema lagunario de Razuhuillca. Los pobladores demandan la creación de un Área de Conservación Regional y la adopción de medidas que eviten la contaminación del agua destinada al consumo humano y al riego agrícola.
En Arequipa, habitantes del distrito de Cahuacho reclaman el cese de actividades mineras ilegales que, según denuncian, afectan sus territorios y fuentes hídricas. Mientras tanto, en las provincias de Tigre y Datem del Marañón, en Loreto, comunidades indígenas solicitan una mayor intervención del Estado frente al avance de operaciones ilegales sobre sus territorios ancestrales.
El reporte también registra las protestas de mineros informales en La Pampa, Madre de Dios, quienes rechazan los operativos de interdicción policial. Paralelamente, otros sectores vinculados a la pequeña minería mantienen movilizaciones para exigir la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y la aprobación de una nueva legislación para la minería artesanal.
Sin embargo, la Defensoría advierte que la dimensión real del problema podría ser mucho mayor. Existen conflictos que aún no forman parte de los registros oficiales, como ocurre con la planta de beneficio Yolita, ubicada en Huallpamayo, provincia de Chumbivilcas, en Cusco. En ese lugar, comuneros denunciaron contaminación ambiental, amenazas e instalación de infraestructura sin autorización de la población, aunque el caso todavía no aparece en el sistema nacional de conflictos sociales.
Especialistas consideran que esta nueva conflictividad resulta especialmente compleja porque las comunidades ya no enfrentan únicamente a empresas mineras formalmente constituidas, sino a redes conformadas por mineros ilegales, concesionarios, transportistas, plantas de procesamiento y diversos actores económicos que operan fuera del marco legal.
Al desarrollarse al margen de la normativa vigente, estos grupos carecen de mecanismos institucionales de supervisión y de responsabilidades claramente definidas. Esta situación limita las posibilidades de establecer procesos de diálogo, negociación o solución de controversias, mientras aumenta el riesgo de episodios de violencia, especialmente cuando estas actividades mantienen vínculos con organizaciones criminales.
La Defensoría del Pueblo concluye que esta nueva generación de conflictos sociales vinculados a la minería ilegal todavía no está siendo plenamente identificada ni atendida por las instituciones del Estado, lo que incrementa el riesgo de que estas disputas escalen y comprometan la gobernabilidad, la seguridad ciudadana y la protección de los recursos naturales.
