La tensión en la provincia de Pataz va en aumento. La reciente extensión del estado de emergencia mediante el Decreto Supremo N° 060-2025-PCM, que incluye toque de queda, control militar y suspensión de actividades mineras, ha generado una fuerte preocupación entre los mineros artesanales, quienes advierten que la situación podría desembocar en una gran convulsión social si no se toman medidas inmediatas.
Desde el 9 de mayo, fecha en que entró en vigencia la norma, cientos de trabajadores vinculados a la minería artesanal se encuentran sin posibilidad de laborar, lo que ha generado una crisis económica en sus hogares. A través de la Asociación de Mineros Artesanales de Pataz (AMA-Pataz), los afectados han denunciado la vulneración de sus derechos al trabajo y al libre tránsito.
Una delegación de mineros llegó ayer a Trujillo para participar de una mesa de trabajo con autoridades regionales, entre ellos los gerentes de Energía y Minas, Beder Martell Espinoza, y de Defensa Nacional, Edwin Dávila Paredes. Durante el encuentro, exigieron que el Consejo Regional de La Libertad convoque a una sesión extraordinaria con el fin de autorizar al gobernador César Acuña Peralta a presentar una acción de inconstitucionalidad contra el decreto supremo.
La presidenta del Consejo Regional, Lorena Carranza Blas, manifestó su respaldo al reclamo y anunció que se emitirá un comunicado institucional en el que se expresará el rechazo al carácter arbitrario de la norma. “No se ha tomado en cuenta la realidad que vive Pataz. Los pequeños mineros han sido paralizados, pero la Compañía Minera Poderosa sigue operando. No podemos darle la espalda al pueblo”, sostuvo Carranza.
El asesor legal de AMA-Pataz, Adolfo Valverde Calipuy, calificó de inconstitucional la medida, alegando la falta de sustento técnico y el impacto desproporcionado en las familias de bajos recursos. Por su parte, los consejeros regionales por Pataz, Luis Rodríguez Ponce y Frank Solórzano Rojas, pidieron que la próxima sesión del Consejo se realice en la provincia andina, como muestra de compromiso con sus pobladores.
“El Ejecutivo será responsable de las consecuencias si no se revierte esta situación. La convulsión social puede crecer y generar hechos lamentables”, advirtió Rodríguez.
Las autoridades locales demandan una revisión urgente del decreto, así como una estrategia más equitativa que no criminalice ni afecte desproporcionadamente a la minería artesanal, una de las principales actividades económicas de la provincia.
