Un nuevo cuestionamiento vuelve a colocar en el centro del debate la actuación del juez Aldo Santiago Miranda Ulloa, magistrado del Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de Santiago de Chuco (La Libertad). Esta vez, una queja formal presentada ante la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial advierte un presunto retraso injustificado en la tramitación de un proceso, lo que podría configurar rehusamiento o demora de actos funcionales.
De acuerdo con la documentación presentada en Trujillo el pasado 16 de abril de 2026, el denunciante sostiene que, pese a haberse dictado una medida de prisión preventiva el 14 de febrero, hasta la fecha no se habría dado trámite oportuno a los escritos de celeridad presentados dentro del proceso, es decir no se ha enviado el caso para que sea revisado en una segunda instancia, en este caso a la Sala Mixta de Santiago de Chuco. Según se consigna en la queja, el caso continúa en ese despacho, generando preocupación por la falta de avance en un expediente que involucra derechos fundamentales.
El documento, ingresado ante la ANC, detalla además que existen solicitudes formales para acelerar el proceso, así como resoluciones previas que habrían sido emitidas sin el debido seguimiento posterior. Entre los medios probatorios presentados figuran escritos de celeridad, documentación procesal y registros del estado del expediente judicial.
Este nuevo episodio no es aislado. En julio de 2019, el mismo magistrado fue objeto de una medida cautelar de suspensión preventiva dictada por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), tras detectarse presuntas irregularidades en el trámite de un proceso constitucional de hábeas corpus. En ese entonces, se le atribuyó haber admitido una demanda sin realizar el debido control de procedencia, disponiendo incluso el sobreseimiento de una investigación fiscal, lo que fue calificado como una posible inconducta funcional.
La actual queja, ahora en manos de la Autoridad Nacional de Control, deberá determinar si existen responsabilidades administrativas en este nuevo caso. Mientras tanto, el proceso sigue su curso en medio de cuestionamientos que reabren el debate sobre la eficiencia y transparencia en la administración de justicia en la región La Libertad.
