Las autoridades del Centro Poblado de Barro Negro, en el distrito de Usquil (0tuzco), junto con el Frente de Defensa de los Intereses de Barro Negro, comités de irrigación y rondas campesinas, emitieron un pronunciamiento público en el que denuncian la presunta presencia de minería ilegal en el cerro San Lorenzo y advierten sobre el riesgo de un conflicto social en la zona.
Según el documento, en el año 2003 se suscribió un acuerdo con la empresa minera Barrick para mantener una franja de 10 kilómetros alrededor del complejo de lagunas libre de actividades mineras. Sin embargo, los dirigentes comunales sostienen que actualmente una familia estaría realizando labores de extracción en las faldas del cerro San Lorenzo y en la cuenca del río Moche, lo que, afirman, estaría afectando los afluentes que abastecen este importante recurso hídrico.
Las organizaciones señalan que los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, la Policía Nacional del Perú y la Gerencia Regional de Energía y Minas, solicitando la intervención de estas entidades para verificar la denuncia, desalojar a los presuntos mineros ilegales y prevenir daños ambientales.
De acuerdo con el pronunciamiento, el pasado 20 de julio una comisión de monitoreo acudió al lugar para constatar la situación, pero presuntamente fue recibida de manera violenta. Los denunciantes afirman que los presuntos mineros ilegales actuaron de forma agresiva e, incluso, habrían realizado disparos con armas de fuego de largo alcance contra los integrantes de la comisión.
Las autoridades comunales expresaron su preocupación por la falta de una intervención oportuna de las entidades competentes y señalaron que vienen organizándose para exigir el cumplimiento de los acuerdos existentes y la protección del complejo de lagunas.
Finalmente, hicieron un llamado urgente a las autoridades para intervenir de manera inmediata y evitar que la situación derive en un conflicto social con consecuencias lamentables.
Causa Justa informa sobre el contenido del pronunciamiento emitido por las autoridades comunales. Corresponde a las entidades competentes realizar las investigaciones para verificar los hechos denunciados y determinar las responsabilidades que correspondan.
