La investigación fiscal contra “La Nueva Jauría de Virú” ha revelado uno de sus hallazgos más graves: la organización criminal habría contado con la colaboración de un policía en actividad que trabaja dentro del complejo de la División de Investigación Criminal (Divincri) de La Libertad, en Trujillo.
Se trata del suboficial de tercera PNP cuyo nombre por ahora mantenemos en reserva, a quien la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado de La Libertad atribuye el presunto papel de brazo de protección, apoyo y cobertura dentro de la estructura criminal.
De acuerdo con la Resolución N.° 01 del Expediente 07367-2026-79, el agente habría aprovechado su posición en el Departamento de Criminalística y su acceso a información policial para alertar, proteger o facilitar acciones destinadas a favorecer a integrantes de la organización.
RECIBÍA PAGO MENSUAL
Las escuchas telefónicas consideradas por la Fiscalía contienen referencias a una supuesta “mensualidad” pagada al efectivo y a la solicitud de entre S/5.000 y S/8.000 para intentar conseguir la liberación de un detenido antes de que el caso fuera puesto a disposición del Ministerio Público.
La tesis fiscal describe un posible mecanismo de infiltración policial que habría proporcionado a la organización información privilegiada, cobertura frente a intervenciones y contactos para influir sobre investigaciones.
Por estos hechos, el agente es investigado por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, encubrimiento personal y revelación de secretos o información confidencial.
La Fiscalía no presenta al suboficial como un colaborador circunstancial. La resolución judicial lo ubica dentro de la estructura de “La Nueva Jauría de Virú”, con una función específica relacionada con la protección, la infiltración y la contrainteligencia.
Zavala Guerrero laboraba en el área de Identificación AFIS del Departamento de Criminalística, dentro del complejo de la Divincri de La Libertad, situado en la avenida Santo Toribio de Mogrovejo, en Trujillo.
El sistema AFIS permite comparar huellas dactilares y constituye una herramienta especializada para la identificación de personas dentro de investigaciones criminales. Antes, el efectivo estuvo trabajando en la Depincri de Virú.
La investigación sostiene que el suboficial utilizaba esa posición para obtener información reservada sobre intervenciones y movimientos policiales. Su función habría consistido en alertar a los integrantes de la organización, brindar cobertura y realizar gestiones para neutralizar o reducir las consecuencias de determinadas detenciones.
Esta hipótesis adquiere especial gravedad porque “La Nueva Jauría de Virú” es investigada por presuntas extorsiones, homicidios, sicariato, usurpaciones y delitos relacionados con armas de fuego y municiones.
De confirmarse la acusación, la organización no solamente habría utilizado violencia y amenazas para controlar a comerciantes y transportistas, sino que habría conseguido penetrar una dependencia encargada de investigar precisamente esas actividades.
EL “CAUSA DE LA DIVINCRI”
Uno de los principales elementos de la investigación proviene de una comunicación interceptada el 17 de julio de 2024. En esa conversación, Kenyi José Moisés Alcántara Cabrera, alias “Kenyi”, habría hablado con Ambrocio Mudarra Carranza, conocido como “Viejo Misterio”, sobre un contacto dentro de la Policía.
Según la transcripción recogida en la investigación, Alcántara Cabrera se refirió a su “causa de la Divincri, al que le pagaban la mensualidad antes”. La Fiscalía identifica a ese presunto contacto como el agente involucrado.
El uso de la palabra “mensualidad” es interpretado por los investigadores como una referencia a pagos periódicos destinados a garantizar protección policial. La existencia de una cuota periódica, si llega a comprobarse, revelaría un mecanismo estable de corrupción y no solamente un favor ocasional. La organización habría incorporado la protección policial dentro de sus costos de operación para reducir el riesgo de intervenciones y procesos penales.
La resolución judicial también recoge conversaciones relacionadas con la detención de familiares de la pareja de “Kenyi”. La intervención habría sido realizada por personal de la Depincri de Virú y durante ella se encontraron aproximadamente 600 envoltorios de pasta básica de cocaína.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, el agente se habría comunicado para informar que todavía existía la posibilidad de un “arreglo” antes de que la investigación fuera derivada al Ministerio Público.
En las comunicaciones se menciona un pago de “cinco palos” a “ocho palos”, expresiones que los investigadores interpretan como S/5.000 y S/8.000. El dinero habría sido solicitado para conseguir la liberación del suegro de Alcántara Cabrera. La Fiscalía tendrá que demostrar si el suboficial realizó efectivamente esa solicitud, si tenía capacidad para intervenir en el caso y si llegó a entregarse algún pago.
También deberá esclarecerse qué ocurrió con los detenidos y si alguna actuación policial fue modificada, omitida o retrasada como consecuencia de esas supuestas coordinaciones.
La presunta intervención de Zavala Guerrero no aparece como un dato aislado. Otras comunicaciones incluidas en la investigación muestran que integrantes de la organización habrían conocido movimientos policiales con un nivel considerable de detalle.
En una llamada del 31 de julio de 2024, Raúl Martín Valderrama García, alias “Raulazo”, habría advertido a otra persona que un operativo se dirigía hacia San José. En la conversación se describía el desplazamiento de una camioneta blanca de la Depincri y de otros vehículos policiales.
La precisión de la advertencia llevó a los investigadores a considerar que la organización contaba con fuentes capaces de conocer o seguir las intervenciones en tiempo real.
Sin embargo, la investigación deberá establecer si esa información fue proporcionada por el agente de la Divincri, por otro funcionario o mediante labores de vigilancia realizadas por los propios integrantes de la organización.
La atribución de responsabilidad requiere demostrar comunicaciones directas, entrega de información o actos específicos. La sola mención de movimientos policiales no permite identificar automáticamente a la fuente.
OTROS POLICÍAS
El expediente contiene indicios de que la presunta red de corrupción podría no haberse limitado a un solo efectivo. La Fiscalía atribuye a Yesenia Nataly Rodríguez Salvador, alias “Yesenia”, la función de contactar a policías para intervenir en casos relacionados con integrantes o familiares de la organización.
En una de las comunicaciones interceptadas, un agente le habría informado sobre la detención de su hermano con un arma de fuego en la comisaría de San Andrés, en Trujillo. En conversaciones posteriores se habría planteado reunir alrededor de S/10.000 para ofrecerlos a policías. También se menciona la posibilidad de alterar o “reventar” el arma para que apareciera como inoperativa y no pudiera vincularse adecuadamente con los intervenidos.
Las comunicaciones hacen referencia además a un oficial con grado de teniente. Este aún no ha sido identificado ni se ha establecido si aceptó dinero o realizó alguna actuación ilícita. El Ministerio Público deberá individualizar a los funcionarios mencionados, verificar si las conversaciones se tradujeron en acciones concretas y revisar las actas, peritajes y decisiones adoptadas después de aquella intervención.
EL USO DEL SERENAZGO
La investigación también alcanza a un miembro del Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Virú, conocido como “Cachalote”. Según la tesis fiscal, Cachalote habría aprovechado el uniforme, los vehículos de vigilancia, los patrullajes y el acceso a información municipal para identificar y vigilar a potenciales víctimas.
La Fiscalía le atribuye labores de reglaje y perfilamiento, así como el suministro de información para facilitar las actividades de la organización. Este extremo deberá motivar una investigación administrativa dentro de la Municipalidad Provincial de Virú. La entidad tendría que establecer qué información manejaba el trabajador, qué vehículos utilizaba y si aprovechó recursos públicos durante las actividades investigadas.
La posible participación de un policía y un integrante del Serenazgo mostraría que la organización buscaba obtener protección o información desde diferentes instituciones encargadas de la seguridad ciudadana. El denominado “Operativo Titanic 2026” estuvo dirigido contra “La Nueva Jauría de Virú” y “La Nueva Jauría de San José”, dos estructuras que, según la Policía, operaban de manera independiente, pero utilizaban mecanismos similares para extorsionar.
