La Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de La Libertad y la Policía Nacional detuvieron a 14 investigados durante una operación simultánea en La Libertad y Piura. Una resolución judicial a la que tuvo acceso Causa Justa describe una presunta estructura criminal con cabecillas, encargados de cobrar cupos, operadores de vigilancia y responsables de colocar distintivos extorsivos. La investigación también comprende tráfico de drogas, usurpación de terrenos y posibles coordinaciones desde el penal El Milagro.
La madrugada del jueves 29 de octubre de 2026, un contingente de fiscales y agentes especializados de la Policía Nacional ejecutó un megaoperativo contra dos presuntas organizaciones criminales que habrían extendido sus actividades ilícitas por distintos sectores de las provincias de Virú y Trujillo, en la región La Libertad.
La intervención, que comenzó aproximadamente a las 3:00 de la madrugada, permitió detener a 14 personas, allanar 25 inmuebles y registrar tres celdas del establecimiento penitenciario El Milagro. Las diligencias también alcanzaron la región Piura, donde fue localizado otro de los investigados.
El operativo estuvo dirigido por la fiscal provincial Magdalena Cisterna Burga, de la Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de La Libertad, Equipo 02, con participación del Departamento de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DEPDIAC-DIVIAC) y unidades de inteligencia policial.
Sin embargo, detrás de las detenciones existe una investigación más amplia. La resolución judicial que autorizó las medidas describe el presunto funcionamiento de dos estructuras identificadas como «La Nueva Jauría de Virú» y «La Nueva Jauría de San José», a las que se atribuye una organización jerarquizada, distribución de funciones y participación en distintas actividades delictivas.
Según la hipótesis fiscal recogida en el expediente, ambas agrupaciones habrían utilizado la extorsión como una de sus principales fuentes de ingresos, imponiendo pagos periódicos a transportistas, comerciantes y propietarios de inmuebles. También se investigan presuntas operaciones de comercialización de drogas y apropiación ilegal de terrenos.
Una orden judicial de detención preliminar por 15 días
La operación se ejecutó en cumplimiento de la Resolución Judicial N.º 01, del 27 de octubre de 2026, emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.
El documento, correspondiente al expediente N.º 07367-2026-79-1601-JR-PE-02, declaró fundado el requerimiento fiscal para realizar allanamientos con descerraje, registros domiciliarios, incautación de objetos y bienes relevantes para la investigación, así como detenciones preliminares por un plazo de 15 días.
La autorización también comprende el levantamiento del secreto de las comunicaciones para la extracción y visualización de información almacenada en dispositivos tecnológicos vinculados al caso.
Al sustentar la necesidad de estas medidas, la resolución considera el riesgo de que los investigados puedan ocultar, modificar o destruir elementos de prueba si conocen anticipadamente las diligencias.
El juzgado evaluó la gravedad de los delitos atribuidos, la documentación presentada por la Fiscalía y la necesidad de preservar evidencias para determinar la existencia y el funcionamiento de las presuntas organizaciones criminales.
La detención preliminar tiene una finalidad investigativa y no equivale a una sentencia ni a una orden de prisión preventiva. Uno de los aspectos relevantes del expediente es la antigüedad que las autoridades atribuyen a las presuntas estructuras criminales.
Según el apartado 4.2 de la resolución, «La Nueva Jauría de Virú» habría desarrollado actividades ilícitas principalmente en el distrito de Virú durante aproximadamente 11 años, después de la desarticulación de la organización conocida como «Los Cagaleches de Virú».
La investigación identifica como presuntos líderes a Yimi John Montoya Rodríguez, alias «Yimi», y Ambrocio Mudarra Carranza, conocido como «Viejo Misterio» o «Cholo Juan».
En paralelo, «La Nueva Jauría de San José» habría mantenido actividades durante un periodo similar en el centro poblado San José, en la provincia de Virú. La Fiscalía identifica como su presunto cabecilla a Nelson Felber Vega Rodríguez, alias «Ñato» o «Ñatito».
Los investigadores sostienen que ambas agrupaciones presentaban características compatibles con una organización criminal: permanencia en el tiempo, más de tres integrantes, una estructura de mando y distribución de tareas destinadas a ejecutar un programa delictivo.
La documentación también menciona una presunta vinculación con la denominación «La Jauría», relacionada con el uso de distintivos o calcomanías extorsivas en las zonas donde operaban.
El sistema de extorsión: cobros mensuales, amenazas y calcomanías
Según la investigación, los integrantes de ambas agrupaciones exigían pagos a personas naturales y empresas bajo la apariencia de ofrecer servicios de seguridad. Esta modalidad, conocida como «chalequeo», consistiría en cobrar dinero para evitar ataques contra negocios, vehículos, bienes o familiares.
Las amenazas habrían sido utilizadas para obligar a los afectados a realizar pagos periódicos. La Fiscalía sostiene que, cuando las víctimas aceptaban las exigencias, recibían una calcomanía que permitía identificar su sometimiento al sistema de cobros.
De acuerdo con el documento judicial, las organizaciones habrían distribuido territorialmente sus actividades entre sectores de Virú y Trujillo, imponiendo cuotas a transportistas, comerciantes y propietarios de inmuebles. La investigación también contempla la presunta intervención de grupos encargados de ejecutar actos violentos contra quienes se negaban a pagar.
Para la Fiscalía, la extorsión constituiría una fuente de ingresos inmediatos que permitiría sostener otras actividades de las organizaciones investigadas. La resolución judicial no se limita a identificar a los investigados. También desarrolla los roles que, según los informes policiales y los elementos de convicción recopilados, habría desempeñado cada uno dentro de las estructuras.
En el caso de «La Nueva Jauría de Virú», Ambrocio Mudarra Carranza, alias «Viejo Misterio», es señalado como uno de los presuntos responsables de dirigir, planificar y adoptar decisiones estratégicas. Según la hipótesis fiscal, antes de su ingreso al establecimiento penitenciario El Milagro habría participado en la selección de víctimas de extorsión y en la coordinación de acciones de intimidación. Los investigadores no descartan que determinadas comunicaciones y coordinaciones hayan continuado desde el centro penitenciario.
El otro presunto líder, Yimi John Montoya Rodríguez, también identificado en la documentación como «Tío Naranja» o «El Naranjero», habría cumplido funciones de organización, reclutamiento y abastecimiento logístico. La Fiscalía le atribuye presunta participación en la incorporación de nuevos integrantes y en la obtención de armamento utilizado para amenazas y ataques contra bienes o personas.
En la estructura de Virú, el documento diferencia grupos vinculados con el tráfico ilícito de drogas y la extorsión, otros relacionados con actividades de reglaje y marcaje en Trujillo, así como personas señaladas por supuestamente recurrir a los servicios de la organización.
De la identificación de víctimas a la colocación de distintivos extorsivos
Entre los investigados figura Yhan Carlos Arteaga Infantes, alias «Yhan», a quien la documentación atribuye una presunta función relacionada con la identificación de objetivos. De acuerdo con el Informe Policial N.º 182-2026, del 5 de octubre, recogido en la resolución judicial, Arteaga habría participado en la obtención de números telefónicos y datos de posibles víctimas, además de actividades previas de vigilancia y selección de objetivos. Los investigadores también le atribuyen el traslado y la colocación de calcomanías extorsivas, utilizadas presuntamente como una señal visible de intimidación.
Otro de los investigados, Jhonny Segundo Mudarra Polo, alias «Jhonny», aparece señalado como presunto integrante del componente logístico y económico de la organización. Según el expediente, habría participado en la recepción, traslado y entrega de encomiendas, así como en el diseño, impresión y elaboración de distintivos empleados para las exigencias extorsivas. La documentación también le atribuye presuntas actividades relacionadas con el almacenamiento y comercialización irregular de hidrocarburos.
«La Nueva Jauría de San José»: una segunda estructura bajo investigación
La segunda agrupación investigada habría operado principalmente en el centro poblado San José, provincia de Virú. La resolución identifica a Nelson Felber Vega Rodríguez, alias «Ñato» o «Ñatito», como su presunto líder. También menciona como integrantes investigados a Raúl Martín Valderrama García, alias «Raulazo», y Cleyber Benjamín Córdova Rodríguez, alias «Cleyber».
En la documentación aparece, además, una persona identificada únicamente como «Osis», cuya identidad se encontraba en proceso de determinación. En el caso de Córdova Rodríguez, el Informe Policial N.º 174-2026, del 4 de octubre, le atribuye un supuesto papel operativo en la ejecución de actividades extorsivas.
La investigación menciona comunicaciones telefónicas sometidas a interceptación legal, declaraciones de testigos con identidad reservada e informes de inteligencia que buscarían establecer las relaciones entre los investigados. La Fiscalía sostiene que ambas agrupaciones mantenían estructuras organizadas y desarrollaban actividades ilícitas en ámbitos territoriales determinados.
Tráfico de drogas y usurpación de terrenos: las otras actividades investigadas
La investigación judicial también alcanza delitos que van más allá del cobro de cupos. La Fiscalía señala que las presuntas organizaciones habrían participado en actividades de comercialización de pasta básica de cocaína y marihuana.
Según la hipótesis investigativa, los ingresos obtenidos mediante la venta de estas sustancias habrían contribuido a financiar otras operaciones ilícitas. La documentación también incorpora presuntos actos de usurpación de terrenos. Mediante interceptaciones telefónicas autorizadas judicialmente, los investigadores habrían obtenido información sobre coordinaciones destinadas a invadir o despojar predios agrícolas, terrenos estatales y propiedades particulares.
La investigación presta especial atención a inmuebles que contarían únicamente con certificados de posesión y que no estarían inscritos en los registros correspondientes. De acuerdo con la Fiscalía, las comunicaciones investigadas harían referencia a la planificación de amenazas contra posesionarios y a la posterior distribución de lotes para su comercialización informal.
Estos hechos forman parte de las imputaciones sometidas a investigación. La resolución no permite afirmar que todas las operaciones inmobiliarias mencionadas hayan sido efectivamente ejecutadas ni que todos los investigados hayan intervenido en ellas.
El penal El Milagro, dentro de las diligencias
Uno de los puntos relevantes del megaoperativo fue el ingreso de las autoridades al establecimiento penitenciario El Milagro, en Trujillo. Durante la intervención se registraron tres celdas, debido a que la investigación contempla la posibilidad de que parte de las coordinaciones de las presuntas organizaciones se haya realizado desde el penal.
La resolución judicial señala que Ambrocio Mudarra Carranza, identificado como uno de los presuntos líderes de «La Nueva Jauría de Virú», se encontraba recluido en dicho establecimiento. La Fiscalía busca determinar si el investigado habría mantenido capacidad de coordinación con otros presuntos integrantes después de su ingreso a prisión.
El registro de las celdas constituye una diligencia de búsqueda de evidencias. La información proporcionada no precisa los resultados individualizados de cada registro ni acredita, por sí sola, que desde el penal se hayan impartido órdenes delictivas.
Escuchas legales, testimonios reservados e informes de inteligencia
La resolución judicial describe un conjunto de diligencias anteriores al operativo del 29 de octubre. Entre los elementos considerados figuran informes policiales elaborados entre 2024 y 2026, declaraciones de testigos con identidad reservada, acciones de vigilancia e inteligencia, consultas a registros oficiales y actas de interceptación de comunicaciones autorizadas judicialmente.
El documento menciona, entre otros, los informes N.º 157-2026 y N.º 158-2026, ambos del 3 de octubre de 2026, relacionados con la estructura de las dos presuntas organizaciones. También incorpora informes específicos sobre investigados, en los que se examinan sus posibles funciones, vínculos y comunicaciones.
Las actas de recolección y control de comunicaciones forman parte de los elementos utilizados para sustentar las solicitudes fiscales. Según el expediente, algunas conversaciones serían directas, cuando participa el investigado al que se atribuye una línea telefónica, mientras que otras corresponden a comunicaciones indirectas.
Catorce detenidos en La Libertad y Piura
El balance comunicado por el Ministerio Público da cuenta de 14 personas detenidas durante la ejecución de la operación. Entre los intervenidos figuran Jhonny Segundo Mudarra Polo, alias «Jhonny»; Stefany Lesly Cóndor Cruz, alias «Tefa»; Rosmeri Marilú Polo Carranza, alias «Rosmeri»; Kenyi José Moisés Alcántara Cabrera, alias «Kenyi»; Pepe Anelis Castro Reyna, alias «Castro»; Luis Omar Villanueva Barreto, alias «Omar»; y Wily de la Cruz Cabrera, alias «Wily».
También fueron reportadas las detenciones de Gustavo Américo Cruz Rodríguez, alias «Américo»; Nelson Felber Vega Rodríguez, alias «Ñato»; Cleyber Benjamín Córdova Rodríguez, alias «Cleyber»; Raúl Martín Valderrama García, alias «Raulazo»; Yesenia Nataly Rodríguez Salvador, alias «Yesenia»; Flor Enelda Peña Flores, alias «Flor»; y Yhan Carlos Arteaga Infantes, alias «Yhan».
La Fiscalía informó que, aproximadamente a las 11:40 de la mañana del 29 de octubre, se produjo una captura en Piura con apoyo de la División de Investigación Criminal de esa región, elevándose a 14 el número total de intervenidos.
Las autoridades reportaron el allanamiento de 25 inmuebles en Trujillo y Virú, además de los registros efectuados en el establecimiento penitenciario El Milagro. Entre los bienes incautados figuran 26 teléfonos celulares, dos automóviles Toyota Yaris, S/ 14 103,10 en efectivo, 22 tarjetas de débito y crédito, dos municiones y diez libretas de apuntes.
También se recogieron 12 documentos nacionales de identidad, dos carnés de extranjería, una licencia de conducir y cuatro tarjetas de propiedad vehicular. La relación incluye una unidad central de procesamiento (CPU), un grabador digital de video (DVR), una tableta, dos memorias USB y cuatro chips telefónicos.
Además, las autoridades incautaron dos sobres con documentación relacionada con compraventas de lotes, dos calcomanías descritas como extorsivas y otras 104 con la inscripción «San Carlos: The Brothers Ruta».
La documentación vinculada con terrenos resulta relevante por la línea de investigación referida a presuntas usurpaciones y comercialización informal de lotes. Por su parte, los equipos electrónicos y teléfonos podrían contener información útil para contrastar comunicaciones, identificar contactos y reconstruir posibles coordinaciones entre los investigados.
El Ministerio Público indicó que los objetos incautados serán sometidos a las pericias correspondientes. Su hallazgo no permite establecer automáticamente que todos estén vinculados con delitos.
