José Luis Urteaga Soria, agente de seguridad del Ministerio Público de La Libertad, quien resultó herido durante el atentado contra la sede fiscal el pasado 20 de enero, ha comenzado a recibir el apoyo necesario para afrontar la difícil situación que atraviesa. En un acto solidario, las autoridades del Ministerio Público hicieron entrega de recursos y bienes para ayudar a cubrir sus necesidades inmediatas, con el objetivo de aliviar su carga tras el incidente.
El presidente de la institución, Luis Guillermo Bringas, encabezó la entrega de los fondos recaudados, destinados a apoyar económicamente al agente herido. Además, se sumó la fiscal superior María del Rosario Milián Solar, jefa de la Autoridad Desconcentrada de Control de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, quien también aportó un fondo acumulado durante la pandemia, específicamente reservado para situaciones de emergencia como esta.
Por su parte, el gerente administrativo de la Unidad Ejecutora 005 La Libertad, Luis Enrique Ponce Loyola, hizo entrega de una caja con víveres, demostrando el compromiso del Ministerio Público con la recuperación y bienestar de Urteaga Soria. Este gesto no solo busca mitigar los efectos económicos del atentado, sino también expresar solidaridad hacia un miembro de la institución que, en el cumplimiento de su labor, sufrió las consecuencias de un acto violento.
El atentado, que dejó múltiples daños materiales y conmocionó a la ciudad de Trujillo, también puso en evidencia los riesgos que enfrentan los trabajadores del sistema de justicia en el país. La atención brindada a José Luis Urteaga Soria refuerza el compromiso de las autoridades con la protección y el apoyo a sus colaboradores en momentos críticos.
El acto solidario fue bien recibido por los miembros del Ministerio Público y la comunidad en general, quienes destacaron la importancia de garantizar la atención adecuada a las víctimas de estos lamentables sucesos. Sin embargo, también se subrayó la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en las sedes fiscales para prevenir futuros ataques y proteger tanto al personal como a los ciudadanos que acuden a estas instituciones.