Las ambiciones de allegados al líder de Alianza Para el Progreso, César Acuña, por apoderarse de la empresa estatal SEDALIB S.A. ha escalado hasta la Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo, luego de que el ciudadano Carlos Danilo Pinillos Vinces denunciara una presunta operación concertada para destituir, de forma arbitraria, al director reconocido por la Sunarp, Percy Ricardo Lucio Rosario Martel.
En el centro de la tormenta están los alcaldes Mario Colberth Reyna Rodríguez (Trujillo), Julio Salvador Correa Chávez (Chepén) y María del Rosario Cortijo Izquierdo (Ascope), además de altos funcionarios, abogados y representantes del Estado.
La disposición fiscal N.º 01-2025, firmada el 12 de septiembre del presente año por la fiscal Roxana Edith Rojas Silva, detalla un complejo entramado administrativo y político en el que se habrían cometido presuntos delitos como abuso de autoridad, usurpación de funciones, falsedad ideológica y conformación de banda criminal, aunque no todos los acusados serán finalmente investigados.
El conflicto se origina el 9 de julio de 2025, cuando el alcalde de Trujillo, Mario Reyna, solicita formalmente la conclusión del cargo de Percy Rosario como director de SEDALIB. Según el denunciante, esta solicitud se basó en una interpretación sesgada del artículo 26.1 del Reglamento de la Ley del Servicio Universal, acusando al director de haber entregado información inexacta en su expediente.
Lo que siguió fue una votación en la Junta Universal de Accionistas de SEDALIB S.A., realizada el 22 de julio, donde se removió a Rosario Martel sin que el Concejo Municipal de Trujillo —órgano legalmente habilitado para intervenir— fuera consultado.
El denunciante argumenta que este proceso fue arbitrario, sin sustento legal y ejecutado por una presunta asociación ilícita para delinquir con el objetivo de tomar control del directorio de SEDALIB.
El expediente detalla siete figuras delictivas que se imputan de forma preliminar: Abuso de autoridad, porque funcionarios públicos habrían actuado fuera de sus competencias, generando perjuicio a Percy Rosario Martel y violentando la legalidad del procedimiento; falsedad ideológica, por insertar o hacer insertar información falsa en instrumentos públicos como parte del expediente de remoción; usurpación de funciones, pues se acusa al alcalde Reyna y a sus asesores de atribuirse competencias del Concejo Municipal, organismo encargado de validar tal remoción; asociación ilícita para delinquir, ya que la denuncia sugiere una concertación dolosa entre los denunciados para ejecutar la destitución de forma fraudulenta.
La fiscalía evalúa si existe una estructura delictiva organizada detrás de esta operación política-administrativa. No obstante, la fiscal Rojas Silva decidió no abrir investigación preparatoria contra la mayoría de los acusados, al no encontrarse indicios suficientes de delito en los casos de: Ricardo Manuel Delgado Arana (SEDALIB), Frank Manuel Sánchez Romero (SEDALIB), Luis Alberto Gutiérrez Gonzáles (abogado), Jorge Adalberto Valdez Lozano (asesor legal), Kelly Janet Vera Vásquez (notaria), Jaime Napoleón Cuzma Iglesias (secretario general). Tampoco se formalizará investigación por el presunto delito de banda criminal, al no acreditarse la existencia de una organización estructurada con fines delictivos. Sin embargo, conforme avancen las pesquisas, no se descarta que todo se revierta. Hay que señalar que Ricardo Manuel Delgado Arana y Frank Manuel Sánchez Romero son de APP y muy allegados a Acuña.
La Fiscalía sí dispuso la apertura de diligencias preliminares por un plazo de ocho meses contra los siguientes tres alcaldes: Mario Colberth Reyna Rodríguez (Trujillo), Julio Salvador Correa Chávez (Chepén) y María del Rosario Cortijo Izquierdo (Ascope).
Los presuntos delitos son: abuso de autoridad, por extralimitarse en sus funciones al tomar decisiones sobre la remoción de un director sin respaldo legal del Concejo Municipal; falsedad ideológica, por presuntamente haber validado una documentación inexacta o falsa para sustentar la destitución de Rosario Martel. Mario Colberth Reyna Rodríguez (Trujillo) y María del Rosario Cortijo Izquierdo (Ascope) son de APP.
La fiscal ha declaro la investigación como compleja, dado el número de personas involucradas, la extensión documental y el carácter mediático del caso.
La fiscalía ha programado una serie de declaraciones virtuales vía Google Meet. Asimismo, se ha ordenado que SUNARP, SEDALIB y la Municipalidad Provincial de Trujillo entreguen documentación clave, como resoluciones, actas y el estatuto de la empresa.
¿Qué está en juego?
SEDALIB S.A. es una empresa pública con participación mayoritaria de la Municipalidad de Trujillo (85.28%), seguida por Chepén (6.04%) y Ascope (6.68%). El directorio de esta entidad administra no solo recursos económicos, sino también decisiones claves en el manejo del agua potable y saneamiento en la región. El control del directorio no es solo una cuestión técnica, sino también de poder político e influencia territorial.
