La seguridad de los asistentes a espectáculos deportivos y culturales en Trujillo quedó en el centro del debate tras la decisión de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) de clausurar el coliseo cerrado Gran Chimú. La medida se adoptó luego de una inspección inopinada realizada por la Subgerencia de Fiscalización y Control junto con ingenieros especializados en seguridad y edificaciones, quienes determinaron que el emblemático recinto no reúne las garantías necesarias para recibir público de manera segura.
El propio alcalde de Trujillo, Mario Reyna, dispuso la revisión de todas las instalaciones del Gran Chimú la mañana del martes, tras recibir informes preliminares que advertían de posibles deficiencias. Durante la inspección se verificaron las señalizaciones internas, las rutas de evacuación, las instalaciones eléctricas, las mangueras contra incendios, las escaleras y las tribunas. Los especialistas concluyeron que existían riesgos que comprometían la integridad física de los asistentes.
De acuerdo con la Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa Civil, todos los escenarios deportivos que congregan gran afluencia de público deben cumplir con parámetros técnicos y normativos que garanticen la seguridad en casos de emergencia. En este caso, las deficiencias detectadas motivaron la clausura temporal del recinto deportivo por un plazo de 30 días, según consta en el Acta N.° 118-2025-MPT.
La administración del coliseo, a cargo del Instituto Peruano del Deporte (IPD), tiene ese mismo plazo para subsanar las observaciones y presentar las correcciones exigidas por los funcionarios municipales. Solo después de ello se evaluará la reapertura del recinto. La medida no implica un cierre definitivo, pero sí busca enviar un mensaje contundente: la seguridad de los ciudadanos está por encima de cualquier evento. En medio de la expectativa por los partidos y actividades programadas en este histórico escenario, la decisión ha generado preocupación entre deportistas, organizadores y aficionados, aunque también un respaldo ciudadano al principio de autoridad ejercido por la comuna provincial.
