Mientras la provincia de Pataz clama por acciones concretas ante la violencia desatada por la minería ilegal, el Consejo Regional de La Libertad no logra reunir ni el mínimo de sus integrantes para sesionar sobre la crisis.
Una sesión extraordinaria convocada para abordar esta problemática fue suspendida por falta de quorum, generando indignación entre las autoridades presentes y los pobladores de la sierra liberteña.
La reunión fue solicitada tras una ola de protestas sociales en Pataz, donde organizaciones de base, autoridades locales y ronderos han exigido mayor intervención del Estado para frenar el crimen organizado ligado a la minería ilegal. Sin embargo, solo seis de los 17 consejeros regionales acudieron al llamado, frustrando la posibilidad de debatir acciones concretas en seguridad, ambiente y fiscalización.
Entre los temas que se quedaron sin abordar se encontraba el reciente Decreto de Urgencia 006-2025, mediante el cual el Ejecutivo revocó 1,425 registros mineros en la provincia de Pataz, así como la ausencia de políticas regionales que respalden esta intervención.
La ausencia más notoria fue la del gerente regional de Ambiente, citado para informar sobre el impacto ambiental de la minería ilegal y las medidas correctivas adoptadas. Su inasistencia, sin justificación formal, fue considerada por varios consejeros como una grave falta de responsabilidad institucional.
Lorena Carranza, presidenta del Consejo Regional, no ocultó su molestia: “Lo ocurrido es una falta de respeto a los ciudadanos de Pataz. En lugar de sumar esfuerzos, seguimos desarticulados y con autoridades que eluden sus responsabilidades.”
La sesión también evidenció una fractura política. Los consejeros Luis Rodríguez y Fran Solórzano señalaron que la mayoría de ausentes pertenecen a Alianza para el Progreso (APP), partido del gobernador César Acuña. Ambos denunciaron un “desinterés evidente” y advirtieron que esta omisión podría escalar en una crisis mayor.
“No podemos seguir actuando como si nada ocurriera en Pataz. La situación es insostenible y si no hay un pronunciamiento serio, puede desencadenarse un paro provincial”, advirtió Solórzano.
Los líderes sociales en Pataz ya evalúan una paralización de actividades. Exigen presencia del gobernador regional y compromisos reales por parte del Consejo. Los pobladores, cansados de promesas y ausencias, aseguran que no permitirán que la región continúe ignorando la violencia que los rodea.
La región La Libertad se encuentra así en un punto crítico: la descoordinación, la desidia política y el avance impune de la minería ilegal colocan en jaque no solo la paz social de Pataz, sino la credibilidad de sus autoridades.
