En una medida sin precedentes, el Gobierno del Perú revocó automáticamente 1,425 inscripciones en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) correspondientes a la provincia de Pataz, en La Libertad.
Esta decisión, sustentada en el Decreto de Urgencia 006-2025, busca contener el alarmante avance de la minería ilegal, una actividad que no solo depreda el medio ambiente, sino que también ha convertido a esta zona en escenario de una escalada de violencia y sangre.
La provincia de Pataz ha sido epicentro de crímenes vinculados al control territorial por parte de mafias mineras. Solo en los primeros meses de 2025 se han reportado asesinatos masivos, amenazas, extorsiones y desapariciones en los distritos más golpeados por esta economía ilegal. Frente a este escenario, la respuesta del Ejecutivo ha sido directa: cortar el registro a cientos de operadores que no han demostrado condiciones mínimas de formalización.
Los distritos más afectados por la medida son Pataz (696 registros revocados), Parcoy (585) y Tayabamba (144), todos considerados zonas críticas dentro del mapa de conflictos mineros ilegales.
El Decreto de Urgencia 006-2025, publicado en el diario oficial El Peruano, establece una intervención coordinada del Estado para controlar y fiscalizar el uso de insumos químicos, explosivos, materiales relacionados y equipos vinculados a la actividad minera. Además, contempla la implementación de un sistema piloto de trazabilidad del oro, que permitirá seguir la ruta comercial de este metal desde su extracción hasta su venta.
Otro punto clave del decreto es la instalación de sistemas de monitoreo con GPS en vehículos de transporte de mercancías, una medida que busca frenar el tráfico ilegal de oro y maquinarias mineras hacia y desde zonas no autorizadas.
La figura del Reinfo fue creada para facilitar el proceso de formalización de la minería artesanal y de pequeña escala. Sin embargo, múltiples informes de inteligencia y denuncias locales han revelado que muchas de estas inscripciones han sido utilizadas como fachada para actividades ilícitas.
“El Reinfo se ha convertido en un paraguas legal para mafias organizadas. Se requiere una depuración urgente y un cambio en la forma en que se gestiona la formalización minera”, alertó recientemente un funcionario del Ministerio de Energía y Minas, que pidió no ser identificado por motivos de seguridad.
