Nuevos cuestionamientos recaen sobre la actuación de efectivos policiales destacados en Pataz, provincia donde el Estado mantiene operaciones contra organizaciones criminales y minería ilegal. Una denuncia periodística advierte sobre presuntas irregularidades ocurridas después de una intervención contra personas señaladas como integrantes de una organización vinculada a “Lombriz”.
Uno de los principales indicios expuestos es una diferencia entre el número de personas que aparecerían inicialmente intervenidas y aquellas que posteriormente fueron presentadas ante los medios de comunicación. Según la denuncia, existe un registro fotográfico en el que aparecen siete intervenidos, mientras que posteriormente habrían sido presentadas solo cinco personas. Esta diferencia genera una interrogante que deberá ser aclarada oficialmente: ¿qué ocurrió con los otros dos intervenidos y cuál fue su situación legal después de la operación?
Fuentes reservadas citadas en la denuncia sostienen que los dos sujetos que ya no aparecen en la presentación serían presuntos integrantes importantes de la organización y que sus teléfonos celulares contendrían información relacionada con hechos criminales.
Las mismas fuentes afirman que habría existido una entrega de dinero para favorecer su liberación y atribuyen la presunta intermediación a una familiar de “Lombriz”. Sin embargo, estas afirmaciones constituyen denuncias de fuentes reservadas y, con la información disponible, no se encuentran acreditadas mediante una resolución judicial o pronunciamiento fiscal.
Cuestionan cambio de suboficial
El caso incorpora otro elemento. Después de hacerse pública la denuncia, un suboficial de tercera habría sido puesto a disposición bajo el argumento de que había cumplido el periodo establecido de permanencia en la zona.
Según la versión proporcionada, este tipo de rotaciones tendría como finalidad prevenir actos de corrupción. Sin embargo, se cuestiona que el mismo criterio aparentemente no se habría aplicado a otro suboficial de segunda, quien habría permanecido tres meses adicionales pese a haber cumplido también el periodo inicialmente establecido.
La denuncia señala además que Velásquez participó en la intervención contra los presuntos integrantes de la organización vinculada a “Lombriz”, circunstancia que —según se afirma— estaría registrada en las respectivas actas.
La diferencia en el tratamiento de ambos efectivos requiere una explicación de la Policía Nacional: ¿qué criterios determinaron la salida de uno y la permanencia del otro?
Por el momento, esa diferencia administrativa no demuestra por sí misma la existencia de corrupción ni permite atribuir responsabilidades individuales.
También cuestionan situación de un oficial
Los cuestionamientos alcanzan además al teniente, cuyo nombre también aparecería en documentación relacionada con la intervención.
De acuerdo con la denuncia, el oficial estaría prestando servicios en Pataz sin que se conozca la resolución administrativa que dispuso su desplazamiento hacia esta provincia. Este punto también requiere ser corroborado documentalmente por el comando policial de La Libertad.
Asimismo, se sostiene que este oficial tendría investigaciones relacionadas con presunta minería ilegal correspondientes a su etapa de servicio en Cajamarca y que existirían carpetas fiscales en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de esa región.
La existencia y situación actual de dichas investigaciones deben ser verificadas ante el Ministerio Público. Una denuncia o investigación fiscal no equivale a una declaración de responsabilidad penal, por lo que no corresponde presentar estos antecedentes como hechos delictivos acreditados mientras no exista una decisión firme.
PNP debe esclarecer qué ocurrió con los intervenidos
Más allá de las acusaciones formuladas, existen interrogantes concretas que pueden ser esclarecidas mediante documentación oficial.
La Policía Nacional y el Ministerio Público deberían precisar cuántas personas fueron realmente intervenidas en el operativo contra la presunta organización vinculada a “Lombriz”; cuál fue la situación jurídica de cada una; por qué, según la denuncia, siete personas aparecen inicialmente intervenidas y solo cinco fueron presentadas posteriormente; y si existió alguna disposición fiscal o policial que justificara la salida de las otras dos.
También corresponde esclarecer los criterios utilizados para las rotaciones de efectivos en Pataz y la situación administrativa de los policías cuestionados.
En una provincia golpeada por minería ilegal, homicidios y organizaciones criminales, cualquier indicio de una eventual interferencia en las investigaciones policiales exige una respuesta documentada. Las denuncias son graves, pero deberán ser corroboradas para determinar si existieron actos de corrupción o si las decisiones cuestionadas cuentan con una explicación legal y administrativa.
