La masacre de 13 trabajadores de seguridad en un socavón de Pataz, nos hizo conocer a Segundo Nicolás Cueva Rojas, el empresario minero que intenta hoy desviar responsabilidades.
El dueño de las empresas Libmar S.A.C. y R&R, es una figura ampliamente conocida en la zona de Pataz. Según el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), su empresa Libmar S.A.C. operaba formalmente en asociación con la Compañía Minera Poderosa.
Según el reportaje de Cuarto Poder, hubo “desconocimiento” de Cueva sobre lo sucedido, algo poco creíble dada la magnitud de la agresión y número de agentes que en un principio desaparecieron. ¿Cómo no se dio cuenta que faltaban 13 hombres?
Señalan una cadena de omisiones y silencios: el 25 de abril de 2025 sus trece trabajadores desaparecieron en el socavón 2520 y el 4 de mayo, todos fueron hallados torturados y asesinados. ¿Quién los contrató?, ¿Quién los envió a una zona tomada por bandas criminales sin garantizar seguridad real?. Cueva Rojas, no solo era el empleador directo, sino que tenía pleno conocimiento del peligro en la zona.
Aún así, optó por el silencio y la omisión, permitiendo que los jóvenes trabajadores sean enviados a una muerte segura.
¿Ignorancia o complicidad? Son las dudas que nos despierta, y es que según sus propias declaraciones: «fui alertado por mi capataz Miller Chayo sobre la toma del socavón y la voladura del acceso con dinamita». La lógica dictaría una reacción inmediata para salvar vidas. Pero no. Cueva Rojas no denunció. No alertó. No intervino. Guardó silencio durante días, mientras las familias de los desaparecidos imploraban respuestas.
La Fiscalía apunta a que Cueva mantuvo vínculos con José Ramiro Lozano Peche, alias “Técnico”, quien reclutó al personal de seguridad y tenía presuntos nexos con bandas armadas. ¿Cómo es posible que un empresario “legal” contrate a alguien con antecedentes y contactos criminales? La figura de la PNP es que «serían accionistas encubiertos de R&R, lo que sugiere una estructura empresarial contaminada desde su raíz por la corrupción».
El empresario tiene otros antecedentes violentos. En 2023, fue denunciado por agredir con armas de fuego a una familia en medio de una disputa por terrenos.
Salta a la vista que él los contrató, dirigió, pero también abandonó a sus trabajadores. La minería ilegal sigue cobrándose vidas humanas, mientras siguen las excusas «y un desconocimiento de Cueva a estas alturas muy poco creíble».
Incluso la Autoridad Nacional del Agua (ANA) le autorizó obras de encauzamiento en la quebrada Chorro Blanco, en Pataz, demostrando que Cueva tenía el respaldo institucional mientras su mina se convertía en escenario de crimen. Familias lloran a sus muertos, pero Segundo Nicolás Cueva Rojas intenta lavarse las manos, culpando a otros, ocultando su rol y pretendiendo ser un simple testigo.
