El expresidente Pedro Castillo anunció una huelga de hambre en protesta por el proceso judicial en su contra, el cual califica como una maniobra politizada para asegurar su condena anticipada.
Desde su detención en diciembre de 2022, tras su fallido intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto, Castillo mantiene su postura de que es víctima de una persecución judicial con tintes políticos.
A través de un comunicado difundido por su defensa legal, el exmandatario aseguró que su juicio está viciado por presiones externas y que los cargos de rebelión y otros delitos que se le imputan carecen de fundamento. “No se trata de un juicio justo, sino de una estrategia para condenarme antes de que pueda defenderme adecuadamente”, expresó en su declaración.
Desde su reclusión en el penal de Barbadillo, Castillo denunció en múltiples ocasiones que su encarcelamiento responde a una estrategia de los grupos de poder para evitar su regreso a la política. Su defensa argumenta que el expresidente no tuvo la intención de perpetrar un golpe de Estado, sino que fue víctima de una conspiración que lo dejó sin margen de acción. Sin embargo, los videos de su mensaje televisado del 7 de diciembre de 2022, en el que anunciaba la disolución del Congreso y la reorganización del sistema de justicia, han sido tomados como pruebas contundentes en su contra.
La huelga de hambre anunciada por Castillo ha generado reacciones divididas. Sus seguidores, entre ellos organizaciones sindicales y colectivos de izquierda, han expresado su respaldo y exigen que se respete su derecho a un debido proceso. Por otro lado, sus opositores consideran esta medida como una maniobra desesperada para victimizarse y evadir la justicia.
El gobierno actual, encabezado por la presidenta Dina Boluarte, no se ha pronunciado oficialmente sobre la medida tomada por Castillo, aunque fuentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) confirmaron que se han tomado previsiones para garantizar su estado de salud durante la huelga.
