La masacre de 13 trabajadores mineros en Pataz sigue revelando un entramado de vínculos oscuros entre el crimen organizado, la minería informal y —ahora— miembros activos de la Policía Nacional del Perú.
En entrevista con Exitosa, el general Máximo Ramírez, director de la Defensoría del Policía, fue enfático: si se comprueba que agentes en actividad son propietarios de la empresa de seguridad R&R, a la cual pertenecían los vigilantes asesinados el pasado 4 de mayo, estos serán dados de baja de forma definitiva.
“Los tenemos plenamente identificados. No pueden ejercer funciones ajenas a su labor policial. Si usaron una empresa de fachada para enriquecerse, se irán”, declaró con firmeza.
Ramírez recordó que tanto el Decreto Legislativo 1267 como la Ley N.º 30714, Ley del Régimen Disciplinario de la PNP, prohíben tajantemente que los efectivos en actividad realicen labores paralelas. El ejercicio policial es de dedicación exclusiva, y vulnerar esa disposición constituye una falta muy grave sancionable con el pase automático al retiro.
“Si les rinde más ese otro trabajo, que se vayan. La Policía no necesita ese tipo de elementos. No vamos a permitir que la función policial se pervierta por intereses privados”, añadió el alto mando.
La empresa de seguridad R&R, que brindaba custodia a un minero artesanal con contrato con la minera La Poderosa, fue la empleadora directa de los 13 vigilantes asesinados. El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de La Libertad, Luis Guillermo Bringas, reveló días atrás que dos policías en actividad figuran como los verdaderos propietarios de dicha empresa.
La información provino de un colaborador con identidad protegida, según confirmó el fiscal de Pataz. Esta revelación ha generado una alarma institucional, pues abre la posibilidad de que la seguridad privada contratada por terceros esté bajo el control de efectivos policiales activos, en una zona dominada por la minería ilegal y las organizaciones criminales.
Para la Defensoría del Policía, el mensaje es claro: se actuará con firmeza y sin contemplaciones. Pero la ciudadanía exige más. La revelación de estos nexos se produce en uno de los contextos de seguridad más graves de la última década, con más de 39 homicidios solo en lo que va del año en Pataz, muchos de ellos con participación de actores armados presuntamente vinculados al oro ilegal.
