El prefecto regional de La Libertad, Carlos Rodríguez Rodríguez, expresó su enérgica condena frente al ataque sufrido por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión. En este grave incidente, provocado por presuntos mineros ilegales, resultaron heridos ocho policías y una camioneta policial, de placa EPF-733, fue incendiada.
El ataque se produjo en el caserío de Coigobamba, específicamente en la zona conocida como bosque Polo, mientras los efectivos policiales respondían a denuncias relacionadas con minería ilegal y conflictos en la zona. Según las primeras investigaciones, los agresores, equipados con armas de fuego y objetos contundentes, dispararon contra los agentes, quienes tuvieron que parapetarse para proteger sus vidas. Además, el vehículo policial fue incendiado durante el enfrentamiento.
Acciones inmediatas
Tras ser informado del ataque por la subprefecta provincial de Sánchez Carrión, Rodríguez convocó a una sesión extraordinaria del Comité Regional de Prevención y Gestión de Conflictos, organismo que integra autoridades de diversos sectores como la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, y la Presidencia del Consejo de Ministros.
Durante la sesión, se adoptaron acuerdos para realizar una investigación exhaustiva de los hechos y coordinar acciones que eviten la escalada del conflicto en la región. El prefecto subrayó la importancia de deslindar responsabilidades, tanto de los perpetradores del ataque como de quienes pudieran estar detrás de estos actos violentos.
Avances en la investigación
Carlos Rodríguez informó que las autoridades policiales y fiscales ya han comenzado a identificar a los responsables del ataque, gracias a los vídeos proporcionados desde la zona de los hechos. Estas pruebas están siendo analizadas para proceder con las respectivas capturas y acusaciones formales.
El atentado se enmarca en una serie de protestas y bloqueos de carreteras organizados por mineros informales en la región. Los manifestantes exigen la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), herramienta que les permite operar bajo un marco legal mientras culminan el proceso de formalización. Sin embargo, el incumplimiento de plazos y la resistencia a regulaciones por parte de algunos grupos han generado tensiones con las autoridades.
Rodríguez recordó que el bloqueo de carreteras, como el registrado recientemente en el puente Chagual, constituye un delito al impedir el libre tránsito vehicular y peatonal. Este tipo de acciones, señaló, agudiza el conflicto y afecta tanto a las autoridades como a las comunidades que dependen de estas vías de comunicación.
La Prefectura Regional continuará monitoreando la situación a través de los subprefectos de las provincias más afectadas, como Sánchez Carrión, Pataz, Otuzco y Santiago de Chuco. Asimismo, se confirmó que la próxima sesión ordinaria del Comité Regional de Prevención y Gestión de Conflictos se realizará el 3 de diciembre, donde se evaluará el avance de las investigaciones y la evolución del conflicto en la región.
