Las tensiones en la región de La Libertad continúan escalando a medida que mineros y miembros de rondas campesinas protestan contra la implementación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
En una jornada marcada por múltiples bloqueos de carreteras estratégicas, las comunidades exigen la anulación de este sistema, al que consideran perjudicial para su actividad económica.
Bloqueos en Pataz y Quiruvilca
Desde tempranas horas se reportaron tres bloqueos significativos en la región:
Puente Chagual, distrito de Pataz: A las 7:30 a.m., un grupo de aproximadamente 70 miembros de las rondas campesinas bloqueó el puente de manera pacífica. Este punto es vital para la conexión entre diversas localidades y su cierre generó una paralización total del tránsito vehicular.
Pampa de la Julia, distrito de Quiruvilca: A las 9:00 a.m., un grupo de 100 mineros cerró el kilómetro 124 de la vía CPSLL, uno de los principales accesos a las zonas mineras del distrito. Los manifestantes, en su mayoría trabajadores informales, exigieron la anulación inmediata del REINFO.
Cruce de Shorey: A las 10:30 a.m., unas 80 personas vinculadas al sector minero bloquearon el kilómetro 122 de la misma carretera, interrumpiendo el tránsito en esta importante vía de acceso a Quiruvilca. Este bloqueo fue levantado a las 12:30 a.m. del día siguiente, tras largas horas de diálogo con las autoridades y negociaciones.
Motivaciones de las protestas
Los manifestantes alegan que el REINFO, un sistema diseñado por el gobierno para regularizar la actividad minera, ha generado mayores obstáculos en lugar de facilitar la formalización. Según los líderes de las protestas, el sistema impone altos costos y trámites burocráticos que resultan inalcanzables para los mineros pequeños y artesanales. Además, señalan que la normativa está provocando una disminución en sus ingresos y aumentando el riesgo de conflictos con grandes empresas mineras.
Los bloqueos han tenido un impacto significativo en la región, afectando el transporte de bienes y personas. Comerciantes, agricultores y transportistas han expresado su preocupación por las pérdidas económicas que estas paralizaciones generan. Mientras tanto, las autoridades locales y regionales se enfrentan a la creciente presión para encontrar una solución que equilibre las demandas de los mineros y las políticas de formalización.
La Policía Nacional del Perú (PNP) monitoreó de cerca los bloqueos para evitar enfrentamientos. En el caso del bloqueo en Shorey, las autoridades lograron negociar con los manifestantes para liberar la vía sin incidentes. Sin embargo, los bloqueos en el Puente Chagual y Pampa de la Julia aún persisten, lo que mantiene la atención centrada en estas localidades.
Por su parte, el gobierno regional y representantes del Ministerio de Energía y Minas han anunciado su disposición a dialogar con los líderes de las protestas para atender sus demandas. Sin embargo, hasta el momento, no se ha establecido un cronograma claro para las negociaciones.
