Una nueva denuncia ha encendido las alarmas sobre el uso de prácticas de amedrentamiento y presiones indebidas en contra de altos funcionarios. Rosario Martell, presidente del directorio de SEDALIB, empresa responsable del servicio de agua potable y alcantarillado en la región, denunció públicamente ser víctima de reglaje, amenazas contra su integridad física y una campaña sistemática de hostigamiento.
Según la denuncia, videos que evidenciarían seguimientos clandestinos en su contra han sido difundidos en diversos portales locales, entre ellos “El Tío Roche”, un medio digital que publicó imágenes grabadas desde un automóvil mientras Martell sostenía una reunión privada con funcionarios de SEDALIB en un conocido local de la urbanización La Merced.
Lo más preocupante: de acuerdo con testimonios de periodistas de la ciudad, dicho material habría sido distribuido por un alto funcionario del área de imagen de la Municipalidad Provincial de Trujillo, lo que implicaría una posible utilización de recursos públicos en prácticas de vigilancia ilegal.
El video no llegó solo. Fue acompañado de un titular lapidario: “Corrupción en SEDALIB”, en el que se acusaba a Martell y otros funcionarios de presuntos actos irregulares sin presentar evidencia concreta, pero exigiendo de forma explícita su salida de la empresa.
Esta maniobra mediática se suma a los constantes ataques del alcalde de Trujillo, Mario Reyna, quien en reiteradas ocasiones ha acusado a la gestión de SEDALIB de ser «ineficiente» y «corrupta», pese a que hasta la fecha no existen investigaciones fiscales o administrativas abiertas en contra de Martell o su equipo.
«Estamos ante una campaña orquestada que busca desprestigiar y desestabilizar a SEDALIB para justificar cambios dirigidos», sostuvo Rosario Martell en una reciente conferencia de prensa. «No es una crítica legítima: es un intento de captura política de una empresa estratégica para el desarrollo de la ciudad».
Pero el hostigamiento no se habría limitado al espionaje y la difamación. Rosario Martell reveló que semanas atrás, tanto él como el gerente general de la empresa solicitaron formalmente garantías personales ante la Prefectura, tras recibir amenazas directas de violencia.
El presidente de SEDALIB señaló como responsable de esas amenazas públicas al apepista Ricardo Delgado Arana, actual representante del Gobierno Regional de La Libertad en el directorio de la empresa. «Se han cruzado límites inaceptables», advirtió.
La gravedad de estos hechos se incrementa en un contexto en el que SEDALIB enfrenta presiones para modificar su modelo de gestión, ante intereses privados que, según Martell, buscan promover la privatización parcial del servicio de alcantarillado de Trujillo bajo un esquema de concesión de 23 años, lo que podría endeudar a los usuarios por varias generaciones.
¿Quién está detrás? Acusaciones hacia APP
En su pronunciamiento, Rosario Martell no dudó en señalar como principal responsable de esta ofensiva al partido político Alianza Para el Progreso (APP), liderado por César Acuña. Según el directivo, sectores ligados a APP estarían buscando controlar SEDALIB para facilitar procesos de privatización en favor de grupos empresariales afines.
«Están utilizando todos los medios posibles: amenazas, campañas de desprestigio, presión política y hostigamiento personal. Y todo apunta a un solo objetivo: tomar SEDALIB y entregar la gestión del alcantarillado a operadores privados, hipotecando el futuro de Trujillo», denunció Martell.
Hasta el momento, APP no ha emitido un pronunciamiento oficial en respuesta a estas graves acusaciones. Otro punto crítico señalado por Martell es el convenio firmado anteriormente entre SEDALIB y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que habría delegado funciones de saneamiento de manera que —según sostiene el presidente del directorio— resultan lesivas para la empresa y los usuarios.
