En medio de un clima de desconfianza ciudadana hacia el uso del dinero público, el alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, ha cuestionado abiertamente el actual modelo de ejecución del presupuesto asignado a los regidores de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) para labores de fiscalización. Aunque dicho fondo se ampara en la Ley N.° 31812, que garantiza el financiamiento para que concejales y consejeros regionales ejerzan control político, la autoridad edil considera que el gasto carece de estrategia, planificación y objetivos medibles, lo que lo convierte en un uso ineficiente de los recursos públicos.
Un gasto sin brújula: presupuesto sin planes ni resultados
“El problema no es que fiscalicen —que lo hagan donde mejor les parezca—, sino que lo hagan sin objetivos ni planificación. No hay estrategia, no hay evaluación, y eso es lo que tiene que corregir la Contraloría”, afirmó el burgomaestre trujillano, quien reveló haberse reunido con el representante de la Contraloría en La Libertad, William León, para plantear su preocupación.
El alcalde se refiere específicamente a que, a diferencia de otros niveles de gasto público donde toda erogación debe estar justificada en un plan o programa, en el caso de los regidores se les ha autorizado a gastar sin necesidad de sustentar sus acciones bajo una lógica de gestión por resultados. Esto, para él, representa un desbalance que requiere corrección normativa urgente.
¿Qué dice la ley?
La Ley N.° 31812, promulgada en 2023, modificó la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de Municipalidades para asegurar el financiamiento del ejercicio fiscalizador de los consejos regionales y municipales. La norma dispone que los recursos asignados deben situarse entre el 1 % y el 2 % del total del presupuesto consolidado proveniente del FONCOMÚN y los impuestos municipales, pero no provienen del MEF ni de la Contraloría, sino de fondos propios de cada municipalidad.
Este presupuesto adicional es completamente distinto a las dietas que reciben los regidores por su labor ordinaria, y según Reyna, la ejecución de estos fondos carece de controles previos claros que aseguren que las actividades respondan a una planificación.
Cifras que no convencen
Durante el año fiscal 2024, el presupuesto asignado a los regidores para fiscalización fue de S/ 1,233,238, pero solo se ejecutaron S/ 321,540, lo que representa apenas un 28.07 %. Para el año 2025, el presupuesto asignado es de S/ 1,124,810, de los cuales hasta la fecha se ha ejecutado un 39.21 %, equivalente a S/ 441,080.
Según el alcalde, este bajo nivel de ejecución no solo refleja una debilidad en la capacidad de gasto, sino que agrava la preocupación sobre la utilidad real de los fondos cuando sí son utilizados, ya que no existe una estructura mínima que permita evaluar su impacto.
Asesores sin control y el perfil técnico de los regidores
Otra de las observaciones de Reyna apunta a la posibilidad de contratar asesores con cargo a estos fondos sin filtros rigurosos. “La lógica es que, cuando uno postula como regidor, debe tener un perfil técnico o profesional. Pero ahora se da por hecho que deben contratar asesores y no hay control sobre su idoneidad o utilidad”, expresó.
El alcalde indicó que alrededor del 70 % al 80 % de los regidores de la MPT tiene asesores contratados con cargo al presupuesto fiscalizador, sin que existan mecanismos claros de rendición de cuentas.
Un llamado a la Contraloría y al Congreso
Reyna ha sido enfático: no cuestiona el derecho ni la necesidad de que los regidores fiscalicen, sino que dicho proceso debe estar orientado por estrategias institucionales, con metas, planes y resultados verificables. Por ello, ha solicitado a la Contraloría un ajuste en la normativa que permita garantizar que este fondo no se diluya en gastos administrativos sin impacto.
“La Contraloría no puede seguir mirando al costado. Estamos hablando de recursos públicos, y como tales, deben estar sujetos a evaluación, no importa si los ejecuta un alcalde o un regidor”, puntualizó.
El fondo del debate: ¿control democrático o gasto sin control?
La reforma legal que creó estos fondos nació con la intención de fortalecer el equilibrio de poderes y el control político a nivel local y regional. Sin embargo, como advierten las cifras y los testimonios, la falta de estructura, planificación y rendición de cuentas puede convertir esta herramienta en un gasto sin brújula ni impacto real.
En un contexto donde la ciudadanía exige mayor transparencia y eficiencia en la gestión pública, el uso de estos recursos se convierte en una prueba clave para saber si el control fiscalizador realmente sirve a la comunidad o simplemente se convierte en un privilegio mal administrado.
