El debate sobre el derecho a la protesta en el Perú volvió a cobrar relevancia a partir de un importante pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC), en el que se establece que las manifestaciones ciudadanas cuentan con protección constitucional y no pueden ser interpretadas automáticamente como actos delictivos.
En el Expediente N.° 00009-2018-PI/TC, el magistrado Carlos Ramos Núñez emitió un fundamento de voto en el que desarrolla una posición jurídica sobre el alcance del derecho a la protesta y los límites que deben observar las autoridades al momento de aplicar normas penales vinculadas a movilizaciones sociales.
El pronunciamiento adquiere especial importancia en un contexto donde diversas protestas ciudadanas han generado controversias respecto a posibles procesos penales contra manifestantes.
El derecho a la protesta tiene respaldo constitucional
En su fundamento de voto, Ramos Núñez sostiene que el derecho a la protesta no debe entenderse necesariamente como un derecho autónomo no enumerado derivado del artículo 3 de la Constitución.
Por el contrario, considera que este derecho se encuentra implícitamente protegido a través de otras libertades fundamentales reconocidas expresamente en la Carta Magna.
Entre ellas menciona la libertad de expresión, la libertad de reunión, el derecho de huelga y los derechos políticos, todos ellos esenciales dentro de un sistema democrático.
Bajo esta interpretación, la protesta constituye una forma legítima mediante la cual los ciudadanos pueden expresar demandas sociales, económicas, laborales, ambientales o políticas.
Tribunal advierte sobre el riesgo de criminalizar la protesta
Uno de los puntos más relevantes del pronunciamiento está relacionado con el delito y la posibilidad de que determinadas normas penales sean utilizadas para perseguir manifestaciones sociales legítimas.
El magistrado advierte que expresiones legales como «otra ventaja de cualquier índole» no pueden convertirse en herramientas para sancionar demandas ciudadanas relacionadas con derechos laborales, mejoras salariales, protección ambiental o reconocimiento de nuevos derechos.
Según el fundamento de voto, corresponde a los jueces interpretar estas disposiciones de manera rigurosa y precisa para evitar que se conviertan en mecanismos de criminalización de la protesta.
La posición del magistrado enfatiza que la aplicación del derecho penal debe respetar siempre los principios constitucionales y las garantías fundamentales de los ciudadanos.
El documento también recuerda que los jueces tienen la responsabilidad de interpretar las normas conforme a la Constitución y garantizar el respeto de los derechos fundamentales.
Ramos Núñez señala que cuando una disposición penal presenta cierta amplitud interpretativa, corresponde al magistrado delimitar su alcance mediante una adecuada motivación jurídica.
Esta obligación adquiere especial relevancia cuando están en juego libertades vinculadas a la participación ciudadana y al ejercicio de derechos democráticos.
En ese sentido, el Tribunal Constitucional reafirma la importancia de que las decisiones judiciales se encuentren debidamente fundamentadas y respeten los principios de legalidad y proporcionalidad.
Un precedente relevante para los conflictos sociales
El pronunciamiento se ha convertido en una referencia importante dentro de los debates sobre derechos humanos, participación ciudadana y protesta social en el Perú.
Especialistas consideran que este criterio fortalece la protección constitucional de las movilizaciones pacíficas y contribuye a delimitar el uso del derecho penal frente a demandas sociales legítimas.
Asimismo, refuerza el principio de que la protesta constituye una expresión democrática protegida por la Constitución, siempre que se ejerza dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico.
La posición del magistrado Carlos Ramos Núñez continúa siendo citada en discusiones académicas y jurídicas relacionadas con el equilibrio entre el mantenimiento del orden público y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
