La asesora legal de Real Plaza, Rommy Chang, aseguró que la empresa no evade responsabilidades y que está tomando acciones concretas para indemnizar a las víctimas y cubrir los gastos médicos de los afectados.
En declaraciones a RPP, Rommy Chang indicó que Real Plaza ha habilitado un canal de comunicación exclusivo para los afectados. Las víctimas y sus familias pueden comunicarse al 601 4000, opción 9, para coordinar la cobertura de sus tratamientos médicos e indemnizaciones correspondientes.
Hasta el momento, la empresa ha entregado cartas por escrito a 25 familias, comprometiéndose formalmente a asumir todos los costos derivados del accidente. Asimismo, Chang reveló que ya han cerrado acuerdos con dos familias y que están en proceso de negociación con otras personas afectadas.
Según la asesora legal de Real Plaza, el objetivo principal es garantizar que todas las víctimas reciban el apoyo necesario para su recuperación. «La empresa ha cerrado acuerdos con dos familias y estamos en conversaciones con más personas. Incluso hemos entregado más de 25 cartas donde Real Plaza se compromete a pagar todos los gastos médicos e indemnizaciones necesarias», explicó Chang.
Uno de los casos más emblemáticos es el de un joven que perdió una pierna en el colapso y cuya pareja falleció en el trágico incidente. La defensa legal de Real Plaza aseguró que la empresa está en contacto con su familia y que se harán cargo de todos los tratamientos médicos para garantizarle una calidad de vida óptima.
«Este va a ser un apoyo absoluto. Nosotros ya hemos hecho llegar una carta firmada por el gerente del mall en Trujillo a su hermano, donde nos comprometemos formalmente a cubrir todos los costos de su tratamiento», aseguró Chang.
Paralelamente, las autoridades han iniciado una serie de investigaciones para determinar las causas del colapso del techo y las posibles responsabilidades legales. El alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, ha presentado una denuncia penal contra los representantes de Real Plaza y de la empresa propietaria, Intercorp. Entre los acusados se encuentran Misael Shimizu Mitsumasu, gerente general de la Corporación Real Plaza; Fernando Zavala y Carlos Rodríguez-Pastor, representantes de Intercorp; Luis Santa María Torres, gerente del Real Plaza en Trujillo; el ingeniero estructuralista Julio Rivera Feijóo, responsable del diseño de los planos del domo del patio de comidas; y Fernando Bazo Safra, gerente general del Consorcio Activa – BGS, encargado de la ejecución de la obra.
La denuncia también incluye a funcionarios municipales que expidieron la licencia de edificación del patio de comidas en el año 2016 y a la empresa aseguradora contratada por Real Plaza como tercero civil.
Según el documento presentado por el alcalde, se presume que hubo “defectos en la construcción y/o en los materiales empleados en su ejecución”, lo que habría generado la vulneración de normas técnicas de construcción. Además, se menciona la falta de mantenimiento del techo del centro comercial y la posibilidad de que una sobrecarga de la estructura metálica, derivada de la acumulación de agua, haya contribuido al colapso.
El ingeniero Boris García, quien participó en la construcción del Real Plaza en Trujillo, ha revelado que ya se conocían daños previos en la infraestructura del centro comercial. Según García, fuertes ráfagas de viento en años anteriores provocaron que la estructura se elevara y, al caer, generara microfisuras en las vigas de soporte, las cuales no fueron reparadas a tiempo.
“La caída del techo no se debió solo al agua acumulada, sino a las fisuras preexistentes. Real Plaza sabía del problema, por eso hicieron el refuerzo”, afirmó el ingeniero. Asimismo, advirtió sobre la necesidad de revisar estructuras similares en los Real Plaza de Chiclayo y Cajamarca para evitar tragedias futuras.
El abogado penalista Carlos Caro Coria ha señalado que, si bien cualquier ciudadano puede presentar una denuncia penal, la imputación de responsabilidades debe basarse en pruebas concretas y en una investigación rigurosa. “No existe la imputación penal tumultuaria ni la responsabilidad penal solidaria. La primera regla es establecer quién tenía la competencia normativa frente al riesgo, quién debió conocerlo y mitigarlo”, explicó.
El letrado indicó que la Fiscalía deberá esclarecer varios puntos clave antes de poder responsabilizar legalmente a los implicados, como determinar si el desplome del techo fue por un defecto estructural de origen o sobreviniente, si las supervisiones fueron idóneas y si la empresa que administra el centro comercial tenía conocimiento de las fallas.
