Una grave denuncia ha encendido las alarmas en el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat). Trabajadores de la entidad advirtieron que dentro de las canastas de víveres adquiridas mediante licitación pública se incluyó avena fortificada destinada a programas sociales del Estado y cuya comercialización está prohibida.
El hallazgo se produjo durante la distribución de alimentos correspondiente a los beneficios pactados para los trabajadores durante el año 2025. Según el secretario general de los trabajadores, Charles Paredes, la sorpresa fue inmediata al verificar que las bolsas de avena llevaban impresa la frase: “Programa Vaso de Leche. Distribución gratuita. Prohibida su venta”.
De acuerdo con la dirigencia sindical, el Segat adquirió canastas para 932 trabajadores mediante un proceso de contratación pública. Cada paquete incluía arroz, azúcar, aceite, lentejas, conservas de atún y avena fortificada.
Sin embargo, el cuestionamiento surge porque los productos fueron adquiridos con recursos públicos a través de una licitación, por lo que los bienes entregados debían provenir de canales comerciales autorizados.
“Queremos saber cómo llegaron estas bolsas de avena al Segat. Queremos que se investigue este hecho”, manifestó Paredes.
Gerencia del Segat presenta denuncia ante Fiscalía
Tras conocerse el caso, el gerente general del Segat, Lino Díaz Vásquez, informó que la entidad presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que se determine el origen del producto y las posibles responsabilidades.
Según indicó, el proveedor deberá explicar cómo incorporó a la entrega un producto que aparentemente pertenece a programas de asistencia alimentaria financiados por el Estado.
“El proveedor tendrá que explicar por qué incluyó este producto”, señaló el funcionario.
El proveedor identificado es Santos Miguel Carranza Gutiérrez.
La gerencia confirmó que alrededor de 80 trabajadores llegaron a recibir la avena antes de que se detectara la presunta irregularidad.
Tras ello, la distribución fue suspendida y el producto inmovilizado mientras se desarrollan las investigaciones fiscales correspondientes.
Según explicó Díaz Vásquez, existe la presunción de que la procedencia de la avena podría ser irregular, motivo por el cual se decidió preservar la evidencia hasta que el Ministerio Público determine las acciones a seguir.
También abrirán procesos administrativos
La investigación no solo alcanzará al proveedor.
El gerente del Segat anunció además la apertura de procedimientos administrativos disciplinarios contra los trabajadores encargados de la recepción y almacenamiento de los productos adquiridos.
La finalidad es determinar si existieron omisiones en los controles internos durante la verificación de los bienes entregados.
“Se debió verificar qué es lo que estaban recibiendo y si era lo que se había solicitado”, sostuvo.
Mientras avanzan las investigaciones, el proveedor se comprometió a reemplazar las bolsas de avena observadas para completar la entrega de víveres a los trabajadores.
No obstante, la principal interrogante continúa siendo cómo un producto destinado a programas sociales gratuitos terminó formando parte de una compra realizada mediante un proceso de contratación pública.
¿Qué podría determinar la Fiscalía?
La investigación fiscal deberá establecer el origen exacto de la avena, cómo ingresó al circuito comercial y si existió alguna vulneración a las normas que regulan la distribución de alimentos destinados a programas sociales.
De confirmarse una comercialización indebida, podrían derivarse responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales para quienes resulten involucrados.
El caso vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos de control en las adquisiciones públicas y el destino de productos que deberían llegar exclusivamente a poblaciones vulnerables beneficiarias de programas sociales.
