Un proceso judicial por presunta corrupción coloca nuevamente bajo escrutinio al alcalde provincial Mario Reyna Rodríguez, caso por el cual el Ministerio Público ha solicitado que se le imponga 6 años de cárcel contra la actual autoridad. Documentos fiscales y judiciales, a los que tuvo acceso Causa Justa, de este y otros casos contra la autoridad, revelan la magnitud del tema.
En este caso, en el que se le pide 6 años de cárcel, el Octavo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad programó el inicio del juicio oral contra el actual burgomaestre trujillano, quien es procesado por el presunto delito de colusión agravada en agravio del Estado.
El caso ya superó la etapa de investigación preparatoria y control de acusación, por lo que ingresó formalmente a la fase de juzgamiento. La resolución judicial emitida por el Octavo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios señala expresamente que corresponde dar inicio a la etapa de juzgamiento contra: Mario Colberth Reyna Rodríguez, Diana Elizabeth Tello Murrugarra y Pedro Armando Alfaro Vásquez.
Todos ellos afrontan una acusación relacionada con el presunto delito de colusión agravada. De acuerdo con el expediente judicial N.° 03281-2024-3-1601-JR-PE-09, el agraviado en este proceso es la Procuraduría General del Estado.
La resolución precisa además que existe un Auto de Enjuiciamiento emitido previamente el 28 de noviembre de 2025, documento que permitió que el caso pase a la fase de juicio oral.
¿Qué es la colusión agravada?
La colusión agravada es uno de los delitos más graves contemplados dentro de los delitos contra la administración pública. Se configura cuando un funcionario público, aprovechando su cargo, concierta ilícitamente con particulares para perjudicar económicamente al Estado durante procesos de contratación, adquisiciones u obras públicas.
La gravedad de este delito radica en que afecta directamente los recursos públicos y la confianza ciudadana en las instituciones. Por esa razón, las sanciones previstas por la legislación peruana contemplan penas privativas de libertad e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Según la documentación proporcionada sobre el caso, el Ministerio Público solicita una condena de seis años de pena privativa de libertad para Mario Reyna Rodríguez.
La acusación fiscal será sustentada durante el juicio oral, donde el Poder Judicial evaluará las pruebas presentadas por la Fiscalía, la Procuraduría y las defensas de los acusados antes de emitir una sentencia.
Es importante precisar que una acusación fiscal no implica una condena automática, pues corresponde al órgano jurisdiccional determinar la responsabilidad o inocencia de los procesados tras la valoración integral de las pruebas.
Uno de los aspectos que llama la atención es la fecha fijada para el inicio del juicio oral. La resolución judicial establece que la audiencia virtual se realizará el: 19 de abril de 2027, a las 9:00 de la mañana
La diligencia se desarrollará mediante una plataforma virtual autorizada por el Poder Judicial. Según consta en el propio documento judicial, la programación para el año 2027 responde a la elevada carga procesal que enfrenta el juzgado.
Un informe interno señala que el despacho judicial registra 177 juicios orales programados entre marzo y octubre de 2026, situación que obligó a postergar el inicio del proceso.
Testigos ya fueron convocados
La resolución judicial también identifica una lista de testigos que serán parte del juicio oral. Entre ellos figuran: Germán Rodríguez Zelada, Paola del Rosario González Chuquipoma, Karla María Ydrogo Vásquez, Hernán Augusto Silva Luna, Elsita María Valiente Saldarriaga, Mario Rudy Mayer Medina, Edwin Oswaldo Tapia Chinchay, Alika Miranda Pereyra, Luis Miguel Bacilio Hernández y Brayan Gavidia Vásquez.
Todos ellos podrán ser interrogados durante el desarrollo de la audiencia. La apertura de este juicio ocurre en un momento políticamente sensible. Mario Reyna se encuentra actualmente al frente de la Municipalidad Provincial de Trujillo y participa activamente en el escenario político regional por su postulación a la alcaldía.
La existencia de un proceso penal por presunta corrupción podría convertirse en un tema de debate público durante el actual proceso electoral y en la discusión sobre la gestión municipal.
Diversos sectores han cuestionado durante los últimos meses la ejecución presupuestal en materia de seguridad ciudadana, la implementación de cámaras de videovigilancia y la gestión de proyectos municipales.
Ahora, este proceso judicial añade un nuevo elemento al panorama político local. Durante la audiencia oral, la Fiscalía deberá demostrar la existencia del presunto acuerdo ilícito que sustenta la acusación por colusión agravada.
Por su parte, las defensas tendrán la posibilidad de cuestionar las pruebas, presentar sus argumentos y ejercer plenamente el derecho de contradicción.
Al finalizar el proceso, el Poder Judicial podrá: absolver a los acusados, imponer una condena, determinar reparaciones civiles, dictar inhabilitaciones, si correspondieran. La decisión dependerá exclusivamente de la valoración judicial de las pruebas actuadas durante el juicio.
