A más de un mes del trágico accidente ocurrido en el patio de comidas del Real Plaza Trujillo, la comisión ad hoc creada por el Concejo de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) aún no logra avanzar con firmeza en su investigación.
La razón principal es el retraso en la entrega de documentación por parte de las gerencias de Gestión de Riesgos y Desastres y de Desarrollo Urbano, entidades clave para esclarecer si el centro comercial cumplía con los requisitos de seguridad establecidos.
El regidor Melvin Valderrama Burgos, integrante del equipo investigador, denunció públicamente la falta de colaboración por parte de los funcionarios de dichas áreas. Según explicó, la comisión envió oficios hace más de una semana solicitando los certificados de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), así como licencias, permisos y registros de fiscalización otorgados al centro comercial. Hasta el momento, sin embargo, no han recibido ninguna respuesta formal.
“Estamos esperando que nos entreguen toda la documentación relacionada a los permisos de funcionamiento, las inspecciones realizadas y los informes técnicos emitidos en los últimos años. Es necesario revisar si el establecimiento cumplía realmente con las condiciones exigidas por la ley”, indicó Valderrama.
El objetivo de la comisión es claro: determinar si hubo negligencia por parte de los funcionarios municipales en la supervisión de las condiciones de seguridad del establecimiento privado, cuya infraestructura colapsó parcialmente, provocando una situación que remeció a la opinión pública local.
La tragedia, que encendió las alarmas sobre la fiscalización de edificaciones privadas en Trujillo, dejó en evidencia la fragilidad de los mecanismos de control municipal y la falta de seguimiento a los protocolos de seguridad. Si bien se espera que la comisión concluya su trabajo con un informe oficial, la falta de colaboración interna podría extender los plazos y retrasar la toma de decisiones.
“Si detectamos irregularidades o faltas graves, vamos a recomendar que se inicien procesos administrativos. Además, daremos parte a la Contraloría General de la República, para que se realicen las investigaciones correspondientes”, puntualizó el regidor Valderrama.
Mientras tanto, la ciudadanía y las familias afectadas esperan respuestas. La sensación de que los procesos se dilatan, incluso en casos tan delicados como este, ha generado críticas al interior del concejo y entre colectivos de defensa ciudadana que reclaman mayor transparencia y celeridad.
En tanto, las preguntas siguen sin responderse: ¿contaba Real Plaza con las autorizaciones vigentes? ¿Se cumplió con el cronograma de inspecciones? ¿Hubo omisión o negligencia por parte de los funcionarios de la MPT?
La comisión ad hoc tiene en sus manos no solo una responsabilidad administrativa, sino también el deber moral de contribuir a que tragedias como la registrada no se repitan. Pero sin documentos ni voluntad de colaboración, su trabajo se ve cada vez más entrampado en la burocracia.
