En plena semana de inicio del año escolar, al menos 18 colegios en la región La Libertad no han podido abrir sus puertas debido al crítico estado de su infraestructura, según informó la jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, María Olórtegui Risco. La situación ha generado una alerta entre autoridades, padres de familia y organizaciones de derechos humanos, quienes exigen una respuesta inmediata por parte de la Gerencia Regional de Educación (Grell).
Los colegios afectados se encuentran dispersos en zonas rurales y de difícil acceso de provincias como Trujillo, Julcán, Santiago de Chuco, Sánchez Carrión y Pataz, territorios que históricamente han registrado limitaciones en infraestructura, acceso a servicios básicos y conectividad.
La Defensoría ha pedido al gerente regional de Educación, Martín Camacho Paz, que se pronuncie oficialmente sobre las estrategias concretas que se aplicarán para evitar el perjuicio académico a los estudiantes afectados. “Lo que no queremos es que los niños se perjudiquen. Las autoridades competentes deben buscar alternativas reales y viables para garantizar el derecho a la educación”, expresó Olórtegui Risco.
Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta oficial por parte del titular de la Grell, pese a los intentos de contacto realizados por medios locales. Sin embargo, fuentes internas deslizaron la posibilidad de alquilar viviendas para albergar temporalmente a estudiantes y docentes, medida que deberá evaluarse según las condiciones de cada comunidad.
Uno de los mayores obstáculos para una solución rápida es la brecha digital que aún persiste en estas zonas. La propuesta de optar por clases virtuales se ve limitada por la falta de conectividad a Internet y la ausencia de equipos tecnológicos en manos de los alumnos. “Enviar a los niños a sus casas para continuar sus clases virtuales no es una solución si no se garantiza previamente el acceso a los medios necesarios”, advirtió la representante de la Defensoría.
Este inicio de año escolar en la región también ha estado marcado por una tragedia que puso en evidencia los riesgos que asumen muchos docentes para cumplir con su labor en zonas rurales. El fallecimiento de la profesora Mónica Janeth Vergara Amaya, de 50 años, conmocionó a la comunidad educativa. La maestra perdió la vida tras desorientarse en medio de la neblina y las precipitaciones cuando se dirigía a caballo al caserío de Melgas, en Sayapullo, provincia de Gran Chimú, para iniciar sus clases en la I.E. N.º 82945.
La docente fue hallada en estado crítico el 18 de marzo por pobladores de la zona, quienes intentaron auxiliarla. Sin embargo, al día siguiente, su condición se agravó y falleció por asfixia, según el diagnóstico médico preliminar. Otra maestra que la acompañaba fue trasladada a una posta médica con signos de agotamiento extremo y hematomas.
La muerte de Mónica Vergara ha reavivado el debate sobre las condiciones precarias en las que trabajan cientos de profesores rurales. Desde la Defensoría, se hizo un llamado a garantizar la seguridad del personal educativo y a revisar los protocolos de asistencia en zonas de difícil acceso. “No esperemos que haya más personas que pasen por esta tragedia para actuar”, enfatizó Olórtegui.
La crisis educativa en La Libertad exige respuestas urgentes y coordinadas. Mientras tanto, cientos de escolares continúan esperando en sus hogares, sin certezas sobre cuándo podrán retomar sus clases y bajo la sombra de un sistema que aún no logra cerrar las brechas más profundas del país.
