La Contraloría General de la República detectó presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de La Esperanza, luego de evidenciar que dos exservidores públicos destituidos fueron contratados como proveedores pese a tener sanciones vigentes inscritas en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC) de SERVIR.
El hallazgo fue consignado en el Informe de Acción de Oficio Posterior N.º 007-2026-2-2061-AOP, documento remitido al alcalde distrital Wilmer Sánchez Ruiz para que adopte las acciones correspondientes.
La situación vuelve a poner bajo cuestionamiento los mecanismos de control y verificación utilizados en las contrataciones dentro de gobiernos locales de La Libertad.
Contrataron a destituido para empadronamiento social
Según el informe de Contraloría, uno de los exservidores públicos fue contratado el 1 de abril de 2024 mediante la Orden de Servicio N.º 0000298.
El vínculo contractual fue por 120 días calendarios y por un monto total de S/ 9,200.
La función asignada consistía en desempeñarse como empadronador-digitador dentro del Empadronamiento Masivo de Hogares 2024, programa orientado a identificar familias en situación de pobreza y vulnerabilidad para facilitar el acceso a programas sociales del Estado.
Sin embargo, la Contraloría verificó que esta persona tenía dos medidas disciplinarias de destitución inscritas en el RNSSC de SERVIR desde el 19 de abril y el 11 de noviembre de 2021.
Además, ambas sanciones quedaron consentidas al no haber sido impugnadas.
Otro destituido fue contratado como asesor
El segundo caso detectado involucra una contratación realizada el 10 de junio de 2025.
De acuerdo con el informe, la Municipalidad Distrital de La Esperanza contrató a otro exservidor destituido pese a que registraba una sanción disciplinaria vigente inscrita desde el 25 de julio de 2023.
La medida disciplinaria fue emitida tras declararse infundado un recurso de impugnación relacionado con presuntas faltas graves.
Entre los cargos atribuidos figuraban:
- Negligencia en el desempeño de funciones
- Uso indebido de bienes de la entidad en beneficio de terceros
Pese a ello, fue contratado por 60 días para brindar servicios de asesoría, consultoría e intervenciones especializadas para la Subgerencia de Contabilidad del municipio.
El monto del servicio ascendió a S/ 8 mil y fue formalizado mediante la Orden de Servicio N.º 0000566.
¿Qué dice la ley sobre servidores destituidos?
El Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles es administrado por SERVIR y reúne información sobre funcionarios y trabajadores sancionados administrativamente.
Las personas con sanción de destitución vigente enfrentan restricciones para contratar o ejercer funciones vinculadas al Estado durante el periodo establecido por ley.
Por ello, especialistas advierten que las entidades públicas tienen la obligación de verificar los antecedentes administrativos antes de realizar contrataciones.
La omisión de estos controles podría generar responsabilidades administrativas e incluso investigaciones posteriores.
Contraloría exige acciones a la municipalidad
Tras detectar estas contrataciones, la Contraloría comunicó formalmente el caso al alcalde de La Esperanza, Wilmer Sánchez Ruiz.
El órgano de control exhortó a que se adopten las medidas correctivas y acciones correspondientes frente a las irregularidades advertidas.
Hasta el momento, la Municipalidad Distrital de La Esperanza no ha emitido un pronunciamiento público detallando si iniciará procesos internos o revisiones administrativas relacionadas con estas contrataciones.
Cuestionamientos sobre controles en gobiernos locales
El caso vuelve a generar debate sobre los filtros y mecanismos de control utilizados en municipalidades para contratar personal o proveedores.
Especialistas en gestión pública advierten que muchos gobiernos locales continúan mostrando debilidades en procesos de fiscalización interna y revisión documental.
En los últimos años, diversas entidades públicas han sido observadas por Contraloría debido a contrataciones irregulares, falta de verificación de antecedentes y deficiencias en procesos administrativos.
Mientras tanto, la población exige mayor transparencia y control en el manejo de recursos públicos en La Libertad.
