La justicia trujillana dio un golpe contundente contra el marcaje, una modalidad delictiva que en los últimos años se ha convertido en una de las mayores amenazas para ciudadanos y empresas. El Poder Judicial dictó penas que van desde los 7 hasta los 18 años de prisión contra cuatro integrantes de una organización criminal dedicada a seguir y asaltar personas que retiraban grandes sumas de dinero de entidades financieras.
Los sentenciados son Segundo Nolberto Lavado Rodríguez, Walter Emilio Franklin Espinoza Bartolo, Roger Próspero Vigo Basilio, quienes recibieron 7 años de pena privativa de la libertad por el concurso real de delitos de banda criminal y marcaje, en agravio del Estado y del ciudadano Frank Antonio Delgado Chávez.
En tanto, Ángel de Jesús Puma Arrascue fue condenado a 18 años y 8 meses de cárcel, pues además de los delitos mencionados, se le acreditó tenencia ilegal de arma de fuego, incrementando sustancialmente la sanción.
La sentencia incluye también la imposición de una reparación civil solidaria de S/ 10,000 que deberán pagar todos los condenados a favor del agraviado y del Estado.
La fiscalía desmontó el plan delictivo
La fiscal provincial Diana Kelly Soto Caro, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, sustentó en juicio una rigurosa reconstrucción de los hechos que permitió demostrar el rol de cada uno de los integrantes de la banda.
El caso se remonta al 27 de marzo de 2024, cuando el agraviado Frank Delgado acudió al BBVA, ubicado entre las avenidas Larco y Húsares de Junín, para cobrar un cheque de la empresa donde trabaja. Los imputados lo siguieron desde la sucursal bancaria hasta una casa de cambio, donde realizó la conversión de dólares a soles.
A través de pericias y análisis de comunicaciones, la Fiscalía acreditó que los delincuentes se coordinaban mediante un chat grupal de WhatsApp denominado “Promoción 2000”, donde intercambiaban información en tiempo real sobre los movimientos del agraviado, con el objetivo de interceptarlo y robarle.
La intervención oportuna de las autoridades frustró el asalto, y el análisis de celulares, mensajes y desplazamientos permitió cerrar el círculo probatorio. Entre las evidencias, se comprobó que Ángel de Jesús Puma Arrascue portaba ilegalmente un arma de fuego durante la operación de marcaje, un elemento clave que fortaleció la acusación por delitos adicionales.
Una condena ejemplar
El caso refuerza la línea de acción de la Fiscalía contra las bandas criminales dedicadas al marcaje, un delito que ha ido en aumento en el país y que suele estar vinculado a redes más amplias de robo agravado, extorsión y sicariato.
La contundencia de la sentencia marca un precedente para investigaciones similares y se convierte en una señal clara contra quienes operan bajo estas modalidades criminales. La articulación probatoria lograda por el Ministerio Público permitió que el caso llegue a una resolución firme y con penas significativas.
