Una nueva investigación por presunta falsificación de documentos se abrió alrededor del conflicto por el predio San Luis, en Trujillo. Esta vez, la Fiscalía deberá esclarecer quién utilizó el nombre y la identidad de Antony Elito Escobedo Polo para presentar recursos dentro del proceso judicial que ordenó la desocupación y demolición de las construcciones levantadas en la Parcela 10913B del fundo Monserrate.
La disposición fiscal N.° 01, emitida el 13 de octubre de 2026, abrió diligencias preliminares contra los abogados Sofía Rocío Otiniano Infantes, Andrea Pretell Valera y Eduardo Alexander Charcape Otiniano por la presunta comisión del delito de falsificación de documentos.
La investigación estará a cargo del Primer Despacho de Investigación de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo durante 120 días, de acuerdo al documento obtenido por Causa Justa. La Fiscalía ha ordenado recabar los escritos originales, identificar a quienes los presentaron, tomar declaraciones y evaluar una pericia grafotécnica para determinar si las firmas atribuidas al denunciante proceden realmente de su puño gráfico.
DESCONOCÍA PROCESO JUDICIAL
El caso se originó cuando Antony Escobedo Polo empezó a recibir información sobre documentos judiciales que aparecían a su nombre dentro del Expediente N.° 00040-2022-0-1601-JR-CI-04. Este proceso corresponde a la demanda de reivindicación promovida por la Asociación de Vivienda Los Alisos del Golf contra la Posesión Informal San Luis Parte Alta, anteriormente denominada Asociación de Vivienda Nuevo San Luis, y otros ocupantes.
Escobedo declaró que su madre, Claver Emperatriz Polo Yupanqui, le había comunicado aproximadamente en 2018 que poseía un inmueble en la calle Nuevo San Luis. Después de su fallecimiento, ocurrido en 2023, él y su familia se trasladaron temporalmente fuera de Trujillo.
En 2025 regresó a la ciudad para realizar trámites relacionados con otro inmueble de su madre e inició el procedimiento de sucesión intestada. Según su denuncia, hasta ese momento desconocía la existencia del proceso judicial de reivindicación relacionado con San Luis.
A mediados de julio de 2026, su tía Teresa Polo Yupanqui le informó que había recibido documentos judiciales en los que figuraba su nombre. Cuando revisó el expediente, descubrió que aparecía incorporado como sucesor procesal y que se habían presentado escritos atribuidos a él. Escobedo sostiene que nunca se apersonó voluntariamente al proceso, no redactó ni firmó esos documentos y tampoco autorizó a algún abogado para que utilizara su identidad.
EL PRIMER ESCRITO Y UN DOMICILIO CUESTIONADO
El primer documento investigado es el denominado “Escrito N.° 01”, presentado el 2 de junio de 2026. Mediante ese escrito, Antony Escobedo supuestamente se apersonaba al proceso con el patrocinio de la abogada Andrea Pretell Valera e interponía un recurso de apelación contra la Resolución N.° 64.
El documento consignó como domicilio una dirección en el jirón Inti Raymi N.° 114, departamento 302, distrito de Kimbiri, provincia de La Convención, Cusco. La parte demandante solicitó una constatación notarial. La diligencia encontró un inmueble con la numeración indicada, pero su propietaria manifestó que no conocía a Escobedo Polo y que nunca había sido inquilino de alguna de sus habitaciones. El denunciante sostiene que jamás proporcionó esa dirección y que tampoco residió allí. El juzgado incorporó posteriormente el acta notarial y dispuso remitir copias al Ministerio Público para que se investigara una posible actuación fraudulenta.
La anterior Resolución N.° 68 ya había ordenado investigar a Antony Escobedo Polo y Andrea Pretell Valera por la declaración del domicilio cuestionado. Sin embargo, la nueva denuncia cambia parcialmente el escenario: ahora Escobedo afirma que él tampoco elaboró ni autorizó el escrito en el que se consignó esa dirección. La Fiscalía deberá establecer si el denunciante participó en la presentación, si su identidad fue utilizada sin consentimiento o si existió alguna coordinación que todavía no ha sido revelada.
HAY UN SEGUNDO DOCUMENTO
Durante la revisión del expediente, Escobedo encontró el denominado “Escrito N.° 03”, suscrito por la abogada Sofía Rocío Otiniano Infantes. El documento comunicaba al juzgado que el supuesto representado residía en el domicilio registrado en su documento de identidad y solicitaba que se atendiera la apelación interpuesta.
El denunciante también niega haber redactado, firmado o autorizado este escrito. Afirma que no contrató a Otiniano Infantes ni le otorgó facultades para intervenir en el proceso en su nombre. La aparición de este segundo documento resulta relevante porque aparentemente buscaba subsanar o explicar las contradicciones advertidas respecto al domicilio inicialmente consignado.
Corresponde ahora determinar quién proporcionó los datos personales de Escobedo, quién solicitó la intervención profesional y qué mecanismos utilizaron los abogados para verificar la identidad de la persona a la que supuestamente patrocinaban.
PERO HAY MÁS
El tercer documento cuestionado es el “Escrito N.° 06”, fechado el 9 de agosto de 2026. Mediante este recurso se apelaba la Resolución N.° 68 en el extremo que reprogramaba la diligencia de lanzamiento y autorizaba la demolición de las construcciones existentes en el predio. El escrito aparecía suscrito por el abogado Eduardo Alexander Charcape Otiniano. Escobedo sostiene que no conoce a este profesional, que nunca lo contrató y que tampoco lo autorizó para presentar recursos o realizar alguna actuación procesal en su representación.
Este documento permite precisar el posible objetivo procesal de las actuaciones investigadas: cuestionar las resoluciones que conducían al lanzamiento y a la demolición ordenados por el Cuarto Juzgado Civil de Trujillo. Lo que investiga actualmente la Fiscalía es si se utilizó una identidad ajena para presentar recursos que podían retrasar o impedir la ejecución de una sentencia de restitución.
La fiscal Mónica Requejo Chamorro dispuso que la Policía de Apoyo al Ministerio Público recabe copias certificadas y, de ser posible, los originales de los escritos N.° 01, N.° 03 y N.° 06. El juzgado también deberá proporcionar los cargos de presentación, anexos, resoluciones emitidas y registros electrónicos que permitan identificar la fecha, hora, modalidad y persona que ingresó cada documento.
La individualización de quien presentó los escritos será decisiva. Un documento puede estar firmado por un abogado, pero haber sido ingresado físicamente o a través de una mesa de partes electrónica por otra persona.
La Fiscalía recibirá la declaración de Antony Escobedo para que precise si reconoce las firmas, si tuvo alguna comunicación con los abogados investigados o si otorgó poderes, autorizaciones o encargos profesionales. Pretell Valera, Otiniano Infantes y Charcape Otiniano también deberán explicar quién solicitó sus servicios, cómo verificaron la identidad del supuesto patrocinado, qué documentación recibieron y con qué personas coordinaron sus intervenciones.
Uno de los actos previstos es la realización de una pericia grafotécnica, siempre que la Fiscalía consiga los documentos originales y considere necesario el examen. Los peritos deberán comparar las firmas de los escritos cuestionados con muestras indubitables de Antony Escobedo Polo. El objetivo será determinar si las rúbricas proceden de su puño gráfico.
Hasta que ese examen se realice, no puede afirmarse de manera categórica que las firmas fueron falsificadas. Lo confirmado es que el denunciante desconoce su autoría y que la Fiscalía encontró elementos suficientes para abrir una investigación.
La investigación se incorpora a una extensa secuencia de documentos cuestionados alrededor del predio San Luis. En un proceso penal anterior, peritajes determinaron que la firma atribuida a Donato Enrique Argomedo Cerna no le pertenecía. El adulto mayor padecía demencia senil y falleció nueve días después de la fecha consignada en una compraventa presentada para sustentar la adquisición del terreno.
María Margarita Haro Selva, representante de la Asociación de Vivienda Nuevo San Luis, fue condenada por falsedad ideológica. La sentencia estableció que hizo incorporar declaraciones falsas en un instrumento público para aparentar la adquisición del inmueble.
El Cuarto Juzgado Civil de Trujillo declaró posteriormente fundada en parte la demanda de reivindicación de la Asociación Los Alisos del Golf y ordenó la desocupación de la Parcela 10913B, de 11,360 metros cuadrados. También dispuso la demolición de las construcciones levantadas en el terreno.
La Primera Sala Especializada Civil confirmó la sentencia. El proceso ingresó después a la etapa de ejecución y se programó el lanzamiento de los ocupantes. Estos antecedentes fueron documentados previamente por Causa Justa.
La investigación deberá establecer si las firmas fueron falsificadas, quién elaboró los escritos, quién los presentó y quién proporcionó los datos personales del denunciante. También deberá esclarecerse si los tres abogados actuaron convencidos de que representaban legítimamente a Antony Escobedo o si conocían que este no había autorizado las actuaciones.
El caso coloca nuevamente bajo sospecha el uso de documentos dentro de una disputa territorial que acumula casi dos décadas de procesos. Esta vez, la investigación no se concentra en la firma de un supuesto vendedor, sino en la identidad de un heredero utilizada para intervenir en un expediente que podía culminar con la recuperación material del predio.
