La infraestructura que prometía modernizar la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) ha terminado convertida en una ruina silenciosa. Diez años después de que se colocara la primera piedra, la Contraloría General de la República concluyó que la obra ha causado un perjuicio económico de más de S/ 2.1 millones a la universidad pública más importante de La Libertad. El diagnóstico es demoledor: lo construido debe ser demolido.
La obra, iniciada como parte de un proyecto de inversión pública con un presupuesto de más de S/ 5.2 millones, contemplaba trece aulas, ambientes administrativos, auditorio, servicios higiénicos y espacios complementarios. Sin embargo, en octubre de 2014, cuando debió estar culminada, apenas se había ejecutado el 35.89 % de los trabajos, con un retraso de más del 64 % y evidentes deficiencias técnicas.
El Informe de Control Específico n.° 033-2024-2-0222-SCE, publicado recientemente por la Contraloría, detalla una cadena de irregularidades que compromete a dos exfuncionarios de la UNT (gestión 2013–2015), quienes habrían avalado y tramitado el pago de valorizaciones por avances no ejecutados o mal ejecutados. A pesar de la falta de informes de control de calidad y la ausencia de parte del equipo técnico contratado, se realizaron pagos por más de seis valorizaciones sin sustento válido.
Las fallas técnicas son tan graves que dos estudios —uno elaborado en 2022 por un consultor externo y otro en 2023 por la Escuela de Ingeniería Civil de la misma universidad— coincidieron en una misma recomendación: todo lo construido debe ser demolido. Las instalaciones sanitarias no se ajustaban a los planos, varios trabajos se ejecutaron de forma deficiente o no fueron realizados en el tiempo previsto, y la estructura quedó abandonada tras la resolución del contrato.
El contratista, que paralizó la obra sin justificación en octubre de 2014, inició una demanda de arbitraje en busca de compensaciones. No tuvo éxito. En agosto de 2018, el proceso concluyó con el rechazo de sus pretensiones. La universidad, sin embargo, no recuperó el tiempo ni el dinero perdido.
La Contraloría también ha identificado presunta responsabilidad penal no solo en los exfuncionarios, sino también en tres integrantes del consorcio encargado de ejecutar la obra. Toda esta información ya ha sido remitida a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, que deberá iniciar las acciones legales correspondientes.
Hoy, la obra inconclusa permanece como un símbolo del abandono y la mala gestión, mientras miles de estudiantes de la Facultad de Derecho siguen esperando espacios adecuados para su formación profesional. Una inversión destinada a mejorar la calidad educativa se convirtió, una vez más, en parte del repertorio de promesas incumplidas y decisiones negligentes que tanto han afectado a la universidad pública en el país.
