Un serio cuestionamiento a los procesos de contratación pública sacude al Gobierno Regional de La Libertad, luego de que se detectara que 43 profesionales habrían presentado documentación irregular o inexacta para acceder a puestos de trabajo dentro de la entidad. El hallazgo es resultado de un control posterior interno, impulsado por la propia administración regional, y no por una fiscalización externa.
La información fue dada a conocer en conferencia de prensa por el gerente general regional, Rogger Ruiz, quien estuvo acompañado por el subgerente de Recursos Humanos, Erick Agreda, y el gerente de Contrataciones, Jobvito Flores. Las autoridades explicaron que la revisión se viene ejecutando como parte de una política de transparencia, depuración institucional y fortalecimiento de la meritocracia en el aparato público regional.
Más de 500 verificaciones para cruzar información
De acuerdo con lo informado, el Gobierno Regional de La Libertad envió más de 500 comunicaciones a entidades públicas y privadas con el objetivo de verificar la autenticidad de títulos, constancias laborales, certificados y otros documentos presentados por los postulantes en distintos procesos de selección.
Como resultado de este cruce de información, 43 expedientes fueron observados y actualmente se encuentran en evaluación administrativa, al evidenciar presuntas inconsistencias, inexactitudes o irregularidades documentales.
“Este proceso no responde a ninguna presión externa ni a una intervención de control. Es una decisión institucional para garantizar que quienes trabajan en el Gobierno Regional cumplan realmente con los requisitos exigidos”, precisó Rogger Ruiz durante su intervención.
Renuncias no eximen responsabilidades
Uno de los puntos más relevantes señalados por las autoridades regionales es que algunos de los profesionales observados optaron por presentar su renuncia, una vez advertidas las irregularidades. Sin embargo, la gestión regional fue enfática en aclarar que la renuncia no extingue ni elimina posibles responsabilidades administrativas ni penales.
“Que una persona renuncie no significa que el caso quede cerrado. Las responsabilidades continúan y se evaluarán conforme a la normativa vigente”, sostuvo el subgerente de Recursos Humanos, Erick Agreda.
En ese sentido, no se descarta que, de confirmarse la presentación de documentación falsa o adulterada, los casos sean derivados al Ministerio Público, al tratarse de posibles delitos contra la fe pública y la administración pública.
Depuración y mensaje institucional
Desde la Gerencia de Contrataciones, Jobvito Flores explicó que este control posterior busca corregir malas prácticas heredadas y enviar un mensaje claro: el acceso a la función pública debe sustentarse en méritos reales y documentación veraz.
El proceso continúa en etapa de evaluación, y se espera que en las próximas semanas se determine cuántos de los casos observados derivarán en separaciones definitivas, sanciones administrativas o acciones legales.
Transparencia bajo la lupa ciudadana
El anuncio se produce en un contexto de creciente desconfianza ciudadana hacia las contrataciones en el sector público, por lo que este tipo de acciones internas adquieren especial relevancia. No obstante, especialistas advierten que será clave conocer los cargos involucrados, las áreas afectadas y el desenlace de cada expediente, para evaluar el real impacto de la medida.
Por ahora, el Gobierno Regional de La Libertad sostiene que la revisión continuará y que no habrá tolerancia frente a irregularidades, en un intento por recuperar credibilidad institucional y fortalecer la gestión pública regional.
