La inseguridad en el Perú dejó de ser un problema aislado y comienza a mostrar un patrón territorial cada vez más claro. Las regiones del norte y del centro del país concentran hoy algunos de los principales focos de homicidios, extorsión y sicariato, fenómenos que avanzan de la mano con economías ilegales como la minería clandestina, el transporte informal y otras actividades ilícitas.
El más reciente reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia advierte que la costa norte mantiene los índices más altos de homicidios, mientras que en el eje central se registra un crecimiento sostenido de las extorsiones. En ambos escenarios, la criminalidad aparece vinculada a mercados ilegales que requieren control territorial, financiamiento rápido y capacidad armada.
Durante el 2025 se registraron 1,826 homicidios en el país. Gran parte de estos crímenes fue cometida con armas de fuego y en contextos asociados a sicariato, ajustes de cuentas y cobro de cupos. El dato más preocupante es que solo 50 distritos concentran el 59% de los homicidios fuera de Lima y Callao.
Entre ellos figuran zonas estratégicas del norte y centro peruano. En Pataz, provincia minera de La Libertad, se reportaron 35 homicidios. En Piura hubo 44, en Tumbes 33 y en Pisco 17, entre otros territorios donde el delito parece haber encontrado una base económica sólida.
En Pataz, la minería ilegal ha transformado el mapa criminal. El oro extraído al margen de la ley convive con redes de sicarios, bandas armadas y organizaciones que disputan socavones, rutas de traslado y zonas de influencia. La extorsión a mineros, comerciantes y transportistas forma parte de ese ecosistema.
En Cajamarca, especialmente en provincias como San Ignacio, el avance de la minería ilegal comienza a alterar zonas tradicionalmente agrícolas. El cultivo de café convive con nuevas tensiones marcadas por amenazas, cobro de cupos y presencia de operadores criminales.
Aunque en esa región los niveles de homicidios aún no alcanzan a los del norte costero, especialistas advierten señales tempranas de expansión del delito que podrían agravarse si no existe una respuesta estatal firme.
En Ica, el escenario combina agroexportación con minería informal en algunas zonas, incluso en áreas arqueológicas. Esa mezcla genera espacios vulnerables para el crecimiento de extorsiones, cobros ilegales y disputas por control económico.
La extorsión también dejó de ser un fenómeno concentrado en Lima. Hoy se expande en ciudades intermedias y corredores productivos del norte y centro, donde actividades ilegales necesitan financiamiento inmediato y estructuras violentas para sostenerse.
Modalidades como el “gota a gota”, el cobro de cupos a negocios, amenazas a empresas y chantajes a transportistas forman parte de una misma lógica criminal.
Especialistas coinciden en que la violencia no se explica solo por debilidad policial o lentitud judicial. El problema de fondo está en las economías ilegales que financian armas, sicarios y redes de corrupción local.
Mientras la minería ilegal y otras actividades ilícitas sigan operando con relativa impunidad, el crimen seguirá encontrando recursos para crecer.
Combatir la inseguridad, advierten analistas, exige no solo capturar delincuentes, sino cortar el flujo de dinero que sostiene a las organizaciones criminales.
