La Comisión de Defensa Nacional del Congreso aprobó el dictamen del Proyecto de Ley N.° 13477/2025-CR, que plantea el uso obligatorio e inmediato de cámaras corporales en la Policía Nacional del Perú (PNP) como una medida orientada a reforzar la transparencia institucional, prevenir actos de corrupción y reducir denuncias por abuso de autoridad.
La iniciativa legislativa propone que los equipos ya adquiridos por la institución sean puestos en funcionamiento en un plazo máximo de 30 días calendario, priorizando a las unidades policiales con mayor cantidad de denuncias o intervenciones de riesgo.
Según el texto aprobado, las cámaras deberán activarse desde el inicio de cada procedimiento policial y mantenerse encendidas hasta la culminación de la intervención.
Además, el personal policial estará obligado a registrar oficialmente la hora de inicio y cierre de la grabación, así como el motivo del operativo o acción desarrollada.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la conservación de las imágenes. El material audiovisual deberá almacenarse en un sistema seguro, restringido e inalterable por un periodo no menor de un año, garantizando su uso como evidencia en procesos disciplinarios, administrativos o judiciales.
La propuesta también señala que las grabaciones servirán para proteger a los propios efectivos policiales frente a denuncias falsas o acusaciones sin sustento, al contar con respaldo objetivo de lo ocurrido durante sus intervenciones.
Asimismo, se establecen prohibiciones estrictas. Quedará vetada la manipulación, edición, eliminación o alteración de los videos, bajo responsabilidad penal y disciplinaria grave.
También se restringe el uso de cámaras corporales dentro de viviendas, vestuarios, zonas de descanso, servicios higiénicos y ambientes médicos, salvo que exista una orden judicial expresa.
En caso de detectarse indicios de corrupción, encubrimiento o adulteración del material grabado, la Inspectoría General de la PNP deberá comunicar el hecho al Ministerio Público y al Poder Judicial en un plazo no mayor de 24 horas.
El proyecto también reconoce el derecho de ciudadanos involucrados en intervenciones policiales a solicitar acceso a las grabaciones cuando sea necesario para ejercer su defensa o formular denuncias.
De convertirse en ley, el Poder Ejecutivo tendrá 60 días para aprobar el reglamento que establecerá protocolos técnicos, cadena de custodia digital y sanciones específicas.
La propuesta fue presentada por el congresista Javier Padilla Romero, de la bancada Honor y Democracia.
