La Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo dispuso formalizar e iniciar la investigación preparatoria contra Kerstyn Morote García, exgerente regional de Salud. La acusación recae sobre el presunto delito de atentado contra la libertad de trabajo y asociación, en detrimento de la enfermera Lelia Milagros Lobatón Ipanaqué, quien desempeñaba labores en el Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU).
Lobatón Ipanaqué, tras agotar todos los procedimientos administrativos, solicitó su reposición, la cual no fue aceptada. Posteriormente, acudió al Poder Judicial mediante una acción de amparo que ordenó su reincorporación. A pesar de la decisión judicial, la exgerente se negó a cumplir con el dictamen, lo que ha llevado a la apertura de esta investigación.
La enfermera accedió a su puesto mediante un concurso público de méritos y fue contratada inicialmente por tres meses, con una extensión hasta el 31 de diciembre de 2021. El conflicto surgió cuando, el 18 de agosto, Lobatón Ipanaqué informó a sus empleadores sobre su estado. de gestación y solicitó la modalidad de trabajo remoto debido a su riesgo de contagio de COVID-19. Esta solicitud no fue bien recibida, y el 28 de diciembre, Elder Llajaruna Parimango, tomó la decisión de no renovar su contrato laboral.
Ante esta situación, Lobatón recurrió a Morote García solicitando la renovación de su contrato para el ejercicio fiscal 2022. Sin embargo, la solicitud fue desestimada y derivada a otra área. Luego, al acudir a la Defensoría del Pueblo, la recomendación de reconsiderar la decisión del despido tampoco fue atendida.
Al no obtener respuesta, la enfermera presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial, solicitando la nulidad del despido y la renovación de su contrato laboral. El 12 de abril, se declaró fundada la acción de amparo, anulando el despido y ordenando la reposición de Lobatón. El 12 de octubre de 2022, se dictó una medida cautelar que instaba a la gerencia regional a reponer a la demandante en su puesto de trabajo o en uno similar.
A pesar de estas decisiones judiciales, en una reunión el 11 de noviembre, Morote García se negó a cumplir con la orden judicial y derivó la responsabilidad a la jefa de recursos humanos, Julissa Quiroz Sandoval. La investigación continúa para determinar la responsabilidad de la exgerente en este presunto atentado contra la libertad de trabajo y asociación de la enfermera Lobatón Ipanaqué.
