Las acciones que el exregidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Carlos Fernández Verde, dispuso cuando se desempeñó como gerente general del Centro Peruano Americano El Cultural, le empiezan a pasar la factura.
El Ministerio Público alienta una investigación en su contra tras una denuncia en la que se señala que presuntamente habría causado un desfalco por más de tres millones de soles en perjuicio de esa institución educativa desde el 13 de mayo del 2002 hasta el 24 de agosto de 2018, día en que fue destituido del cargo.
Era cajero
De acuerdo a esta acusación, que ha derivado en una investigación formal por parte de la Fiscalía, Fernández Verde realizaba de manera personal y de manera directa la venta y cobro de matrículas en efectivo de los alumnos de El Cultural desde el punto de atención N° 101, donde hacía las veces de una especie de “cajero”. El dinero que cobraba supuestamente iba a parar a sus bolsillos, pues no seguía el procedimiento para la entrega de todo lo recaudado, aprovechando su condición de gerente general de la institución. Según las pesquisas, solo algunas veces entregaba el dinero.
Adicionalmente a ello, de acuerdo a documentos fiscales, el exregidor municipal de Trujillo, cuando era gerente general de esa institución, se habría otorgado bonos especiales a su favor por sumas de 10.248,75 soles mensuales, dinero que salía de las mismas ventas de las matrículas. Al realizar una auditoría contable, El Cultural determinó que existía diferencias entre los ingresos reportados en el sistema y los ingresos de dinero entregados por Carlos Fernández Verde. El importante faltante asciende a S/ 3’ 253.981, 29, durante el periodo comprendido desde enero del 2009 hasta julio del 2018.
¿Adulteró sistema?
Según las investigaciones, Carlos Fernández Verde supuestamente se apropió de los más de 3 millones de soles de El Cultural de manera sistemática y al tener acceso al punto de venta 101 como usuario administrador accedió a las funciones de anular comprobantes, cambiar importes, modificar montos, reimprimir comprobantes de pago, los cuales los reemplazaba con los originales. Fernández realizaba la venta y cobro de las matrículas para luego modificar el monto original y consignar un monto mucho menor, quedándose con él la diferencia, según las pesquisas.
Disposición judicial
La parte denunciante, en este caso Alberto Gil Henríquez, en su calidad de representante de El Cultural, solicitó ante el Poder Judicial el embargo preventivo de los bienes de Carlos Fernández para reparar el daño supuestamente causado a la institución educativa. El pedido fue concedido por el Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. La jueza Alicia Villanueva Miranda, titular de ese despacho jurisdiccional, dispuso el embargo de todos los bienes que posee actualmente el exregidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo, quien es investigado por los presuntos delitos de apropiación ilícita y fraude en la administración en agravio de Centro Peruano Americano El Cultural.
Un piscinazo
De acuerdo a la resolución de la magistrada, se dispuso la medida de embargo de los bienes de Fernández Verde en forma de inscripción. Se trata de la casa, ubicada en la calle La Magnolias N° 436-438, lote 6, manzana A, de la urbanización California, valorizado en 800 mil soles; la casa de la campiña de Moche por un monto de 50 mil soles; la casa de Huanchaco, valorizado en 110 mil soles; así como una playa de estacionamiento por un monto de 24 mil soles y un el vehículo Mazda de placa de rodaje P1P-676, el mismo que circula en Piura, valorizado en 24 mil soles. En la casa de Moche, incluso, Fernández construyó una enorme piscina e instaló un restaurante.
El Ministerio Público ya ha formalizado investigación preparatoria contra Carlos Fernández Verde por los presuntos delitos de apropiación ilícita, tipificado en el artículo 190 del Código Penal que castiga ese delito con una pena no menor de dos ni mayor de cuatro años. También por el delito de fraude en la administración de personas jurídicas en agravio de El Cultural. El delito es castigado con una pena no menor de uno ni mayor de cuatro años de cárcel.
