VIRÚ, LA LIBERTAD. La investigación contra las presuntas organizaciones criminales «La Nueva Jauría de Virú» y «La Nueva Jauría de San José» podría abrir un nuevo frente de cuestionamientos, esta vez dentro de la Municipalidad Provincial de Virú.
El caso involucra a Pedro Vicente Rodríguez Castillo, conocido con los alias de «Cachalote» o «Maní», quien, según información atribuida a los informes policiales y a la resolución judicial que sustentó el operativo del 29 de octubre de 2026, trabajaba como agente de serenazgo municipal y es investigado por su presunta vinculación con una estructura dedicada a la extorsión y otros delitos.
La situación adquiere una dimensión institucional por una denuncia adicional: su ausencia laboral posterior al operativo habría sido justificada administrativamente mediante vacaciones.
La PNP busca determinar cuándo las vacaciones fueron solicitadas y autorizadas, quién aprobó el descanso y si existió alguna irregularidad destinada a favorecer al investigado. La pesquisas sostienen que Rodríguez Castillo habría continuado percibiendo remuneraciones municipales.
La madrugada del 29 de octubre, la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de La Libertad y agentes de la Policía Nacional ejecutaron un operativo simultáneo en Virú, Trujillo y Piura.
La intervención permitió detener a 14 personas investigadas por su presunta participación en las estructuras conocidas como «La Nueva Jauría de Virú» y «La Nueva Jauría de San José». El despliegue comprendió allanamientos, registros domiciliarios e intervenciones en el establecimiento penitenciario El Milagro.
La investigación policial atribuye a estas agrupaciones actividades relacionadas con extorsiones a transportistas y comerciantes, amenazas, usurpación de terrenos y otros delitos graves. Las autoridades también identificaron una modalidad de intimidación mediante adhesivos colocados en negocios y vehículos para señalar a quienes estaban sometidos al cobro de cupos. El operativo fue ejecutado en cumplimiento de una resolución judicial que autorizó diligencias y detenciones preliminares contra los investigados.
¿ERA OJOS Y OIDOS DE LA BANDA?
De acuerdo con los elementos de convicción atribuidos a la investigación judicial, Pedro Vicente Rodríguez Castillo habría desempeñado funciones operativas dentro de «La Nueva Jauría de Virú». La hipótesis investigativa sostiene que su condición de agente de serenazgo le habría permitido acceder a información sobre desplazamientos, establecimientos comerciales y actividades de vigilancia municipal.
Los investigadores sospechan que esos recursos pudieron ser utilizados para identificar posibles víctimas, realizar seguimientos o facilitar actividades extorsivas. Se trata de una imputación especialmente delicada porque el serenazgo tiene precisamente la responsabilidad de contribuir a la prevención del delito y colaborar con la seguridad ciudadana.
Entre los elementos mencionados figuran interceptaciones en las que presuntamente se coordinaban amenazas, cobros extorsivos, seguimientos e intervenciones sobre terrenos.
Una de las conversaciones, recogida en el Informe N.º 193-2024, estaría relacionada con una posible agresión contra una persona identificada con el apelativo de «Peña». Otras comunicaciones describirían presiones contra víctimas que no cumplían con los pagos exigidos.
También se atribuyen al investigado conversaciones relacionadas con la ocupación de predios en el sector Víctor Raúl y contactos con personas recluidas en el establecimiento penitenciario de Trujillo. La documentación resumida menciona, además, vínculos operativos con Gustavo Américo Cruz Rodríguez, alias «Tío Gustavo», quien figura entre los detenidos durante el operativo.
Según la información recibida, Rodríguez Castillo no habría sido ubicado durante el operativo y posteriormente su ausencia en el servicio de serenazgo habría sido tratada como un periodo vacacional. La denuncia señala a Jaime Arce, identificado como responsable del área de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Virú, como el funcionario cuya actuación debería esclarecerse. La PNP en estos momentos busca verificar si el funcionario que autorizó las vacaciones conocía la situación judicial del trabajador.
La PNP ha establecido que hay una comunicación entre un funcionario del municipio de Virú con un delincuente conocido como «Chato Carlos», quien habría pedido a agentes de serenazgo mantener una buena relación con el funcionario.
El caso plantea un problema que va más allá de la situación de un solo agente. Si las investigaciones acreditaran que un integrante del serenazgo utilizó información, equipos o recursos públicos para facilitar actividades criminales, existiría una grave vulneración de la confianza depositada en el sistema municipal de seguridad ciudadana. Por ello, resulta necesario que la municipalidad determine si sus mecanismos de selección, supervisión y control de personal funcionaron adecuadamente. También corresponde esclarecer si existieron alertas previas sobre el comportamiento del trabajador y qué medidas se adoptaron frente a ellas.
