VIRÚ, LA LIBERTAD. Un documento de la Municipalidad Provincial de Virú abre nuevos interrogantes sobre la situación laboral de Pedro Vicente Rodríguez Castillo, agente de serenazgo investigado por sus presuntos vínculos con la organización criminal «La Nueva Jauría de Virú», desarticulada parcialmente durante un megaoperativo policial ejecutado el pasado 29 de octubre.
La relación de servicios correspondiente al 8 y 9 de noviembre de 2026, obtenida por Causa Justa, consigna al trabajador en la sección «Personal de Vacaciones», con un descanso programado del 3 de noviembre al 2 de diciembre de 2026.
El dato resulta especialmente relevante por la secuencia de los acontecimientos. El 29 de octubre, la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) y la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de La Libertad (FECOR) ejecutaron un operativo contra las presuntas organizaciones «La Nueva Jauría de Virú» y «La Nueva Jauría de San José», que dejó 14 personas detenidas.
Rodríguez Castillo, conocido con los alias de «Cachalote» o «Maní», figura entre los investigados, de acuerdo con la información proporcionada sobre la resolución judicial que sustentó las intervenciones. El agente fue ubicado durante el operativo para que ejecutar la orden de captura. Actualmente, está en condición de prófugo.
El documento municipal acredita que días después de la intervención policial, Rodríguez Castillo continuaba apareciendo en la programación administrativa del serenazgo como trabajador de vacaciones.
La revelación obliga a formular preguntas concretas: ¿cuándo solicitó sus vacaciones?, ¿quién autorizó el descanso?, ¿la municipalidad conocía su situación judicial? y ¿qué medidas administrativas adoptó después del operativo?
La relación de servicios lleva el encabezado de la Subgerencia de Participación y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Virú. En su parte superior se lee «Servicios del 08 al 09 de noviembre de 2026» y, dentro del apartado «Jefatura y Administración», aparece Jaime Arce Galicia, identificado como responsable de la dependencia.
El documento contiene la distribución del personal de seguridad ciudadana, incluyendo supervisores, conductores de camionetas, motociclistas, agentes y trabajadores de vacaciones. En esta última sección, específicamente en la quinta fila, aparece la siguiente anotación: «RODRIGUEZ CASTILLO PEDRO — DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE». Los acontecimientos conocidos permiten reconstruir una secuencia que merece una investigación administrativa.
29 de octubre de 2026. La DIVIAC y la FECOR ejecutan el megaoperativo contra «La Nueva Jauría de Virú» y «La Nueva Jauría de San José». Son detenidas 14 personas. Según la información recibida, Rodríguez Castillo no habría sido ubicado. Del 3 de noviembre de 2026, comienza el periodo de vacaciones que figura a nombre del trabajador en la relación municipal. De 8 y 9 de noviembre de 2026, la Subgerencia de Participación y Seguridad Ciudadana lo incluye entre el personal de vacaciones. Sus vacaciones concluyen el 2 de diciembre de 2026.
Entre el operativo y el inicio del periodo vacacional transcurrieron cinco días calendario. El caso adquiere mayor gravedad por el contenido de la investigación policial atribuida a «La Nueva Jauría de Virú».
De acuerdo con los elementos de convicción, Rodríguez Castillo habría desarrollado funciones operativas dentro de la presunta organización. La hipótesis de los investigadores sostiene que su condición de agente de serenazgo pudo facilitarle el acceso a información sobre establecimientos comerciales, desplazamientos de personas y actividades de vigilancia.
Ese conocimiento habría sido utilizado, presuntamente, para identificar víctimas, realizar labores de reglaje y facilitar actividades extorsivas. También se le atribuyen comunicaciones relacionadas con amenazas, cobros de cupos y ocupaciones de terrenos. La información atribuida al expediente judicial menciona un conjunto de interceptaciones telefónicas analizadas por los investigadores. Entre ellas figura una línea asociada a Rodríguez Castillo, respecto de la cual se reportan 501 comunicaciones. Según los resúmenes de los informes policiales, algunas conversaciones estarían relacionadas con amenazas a presuntas víctimas de extorsión y coordinaciones con otros investigados.
En una de ellas, vinculada al Informe N.º 193-2024, se atribuye al agente una coordinación para atacar a una persona conocida como «Peña». En otra comunicación se describe una presunta amenaza dirigida a una víctima que no habría cumplido con entregar dinero exigido mediante extorsión. También se mencionan conversaciones sobre la ocupación de terrenos en el sector Víctor Raúl. Los investigadores habrían identificado, además, comunicaciones con personas recluidas en el penal de Trujillo y coordinaciones con Gustavo Américo Cruz Rodríguez, alias «Tío Gustavo», señalado como presunto colaborador en labores de marcaje y cobro de cupos.
La investigación plantea un problema institucional de mayor alcance. Los agentes de serenazgo cumplen funciones de vigilancia preventiva y apoyo a la seguridad ciudadana. En el ejercicio de esas labores pueden conocer información sensible sobre patrullajes, establecimientos, zonas vulnerables y movimientos de personas.
Si se comprobara que uno de ellos utilizó esa información para facilitar extorsiones u otras actividades criminales, correspondería examinar los mecanismos de supervisión implementados por la municipalidad. Entre los aspectos que deberían revisarse se encuentran los registros de patrullaje, la asignación de vehículos, el acceso a cámaras de videovigilancia, los reportes de incidencias y las medidas de control sobre el personal.
También sería pertinente conocer si existieron alertas o investigaciones administrativas previas relacionadas con Rodríguez Castillo. El objetivo no debe limitarse a establecer la eventual responsabilidad de un trabajador, sino determinar si hubo fallas institucionales que facilitaron las conductas investigadas.
La Municipalidad Provincial de Virú debe esclarecer, con documentos, al menos cuatro asuntos fundamentales.
Primero, la fecha en que Rodríguez Castillo solicitó vacaciones y la autoridad que aprobó el descanso del 3 de noviembre al 2 de diciembre. Segundo, su situación laboral actual y las medidas administrativas adoptadas después del operativo policial. Tercero, la existencia de pagos efectuados durante noviembre y los conceptos a los que correspondieron. Cuarto, si se ha iniciado alguna investigación interna sobre el posible uso de información o recursos del serenazgo en actividades presuntamente delictivas.
