El discurso de lucha contra la corrupción y seguridad ciudadana que alguna vez enarboló Abner José Ávalos Villacorta, exconsejero regional de La Libertad y militante del movimiento Trabajo más Trabajo, ha quedado reducido a una amarga ironía.
Su condena por cohecho pasivo impropio, tras haber admitido que solicitó un soborno a una empresa minera para evitar una inspección, lo ha llevado a perder su cargo y sepultar sus aspiraciones políticas. Paradójicamente, mientras promovía propuestas para combatir el crimen organizado, terminaba siendo parte de la corrupción que juró erradicar.
En el marco de su proceso judicial, Ávalos Villacorta optó por la terminación anticipada del juicio, lo que significa que aceptó su culpabilidad con la finalidad de obtener una pena reducida y evitar la cárcel. La condena impuesta fue de cinco años de prisión suspendida por cuatro años, además de la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público. El mismo político que postuló al Consejo Regional en 2023 y aspiraba a llegar al Congreso con el partido Podemos Perú, terminó hundido por el peso de sus propios actos.
Lo más llamativo de su caso es que, hasta hace poco, utilizaba sus redes sociales para proclamarse como un abanderado de la seguridad y la lucha contra la corrupción. En su cuenta de Facebook, difundía un ambicioso plan para enfrentar el crimen organizado, señalando que las estrategias implementadas hasta ahora habían fracasado. Entre sus propuestas, planteaba la participación activa de las rondas campesinas en las ciudades y la creación de comités de autodefensa, argumentando que la experiencia de lucha contra el terrorismo podía aplicarse para combatir la delincuencia común. Incluso aseguraba que su iniciativa no era “una prueba de ensayo”, sino una política multisectorial con bases sólidas.
Sin embargo, la realidad le pasó factura. Mientras su discurso público se centraba en fortalecer la seguridad ciudadana, en privado negociaba beneficios económicos a cambio de facilitar inspecciones a empresas mineras. Según la denuncia, pidió S/ 5,000 a un empresario para favorecerlo en una fiscalización y fue detenido en flagrancia con los billetes marcados por la Policía. Su caída, además, pone en evidencia un patrón recurrente en la política regional, donde muchos candidatos prometen cambios estructurales, pero terminan atrapados en las mismas prácticas corruptas que dicen combatir.
El caso de Ávalos Villacorta no solo refleja el oportunismo político, sino también el descontento ciudadano con figuras que, una vez en el poder, traicionan la confianza depositada en ellas. Su sentencia, además de inhabilitarlo políticamente, lo expone como un símbolo de la hipocresía en la política peruana. La ciudadanía, que alguna vez escuchó sus propuestas con interés, ahora observa su destino como una advertencia para pensar bien antes de votar y elegir a nuestras futuras autoridades.
