El Gobierno amplió por 60 días el estado de emergencia en las provincias de Trujillo, Virú y Pataz, en la región La Libertad, con el objetivo de frenar la delincuencia y combatir el crimen organizado. La medida, que entrará en vigencia desde el 10 de marzo de 2025, responde al aumento de homicidios, robos, extorsiones y la persistente minería ilegal.
Durante esta prórroga, se restringirán derechos constitucionales, como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal. Las acciones estarán a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF. AA.), bajo las normas del Decreto Legislativo Nº 1186, que regula el uso de la fuerza.
El Decreto Supremo N° 029-2025-PCM señala que en Virú, los delitos graves como robos y extorsiones mantienen una tendencia al alza, afectando la seguridad ciudadana y el desarrollo económico. En Pataz, la medida responde a la actividad de la minería ilegal y el crimen organizado, tal como establece el Decreto N° 030-2025-PCM. En Trujillo, el Decreto N° 031-2025-PCM detalla que la alta criminalidad continúa presentando un índice elevado de delitos de gran impacto.
